El Gobierno nacional admite que no cuenta con los votos necesarios para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y que el margen político para reabrir una negociación se redujo de manera significativa en las últimas semanas. En la Casa Rosada consideran que el tema tiene impacto directo sobre las cuentas públicas, pero reconocen que están lejos de alcanzar un acuerdo que incluya tanto a los bloques aliados como al sistema universitario.
La ley 27.795 fue promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso, aunque el Ejecutivo sostiene que su aplicación permanece condicionada a la definición de fuentes específicas de financiamiento. En ese marco, el oficialismo descarta retomar el proyecto enviado a Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero, que nunca llegó al recinto. Según fuentes oficiales, el escenario político y judicial cambió desde entonces, lo que obliga a replantear cualquier intento de reforma desde una posición más débil y con menor capacidad de negociación.
El trasfondo expone tensiones internas en la estrategia parlamentaria. Durante el verano existieron intentos de avanzar en una reforma antes del inicio del ciclo lectivo, pero las diferencias entre el entorno del asesor Santiago Caputo y el esquema legislativo vinculado a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem terminaron por frenar esa hoja de ruta. El punto de quiebre fue el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó una cautelar favorable a las universidades y ordenó la actualización salarial y el financiamiento de becas, lo que motivó al Gobierno a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
En el Ejecutivo reconocen que ese revés judicial fortaleció la posición de las universidades y redujo los incentivos para negociar cambios con menor impacto fiscal. La estrategia oficial, por ahora, es cumplir de manera parcial con las obligaciones, mediante actualizaciones mensuales que respondan a la interpretación mínima de la ley mientras se resuelve la instancia judicial. Este enfoque convive con la preocupación por una eventual escalada del conflicto en el plano social.
El frente universitario, integrado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los gremios, ya convocó a una nueva marcha federal para el 12 de mayo. En paralelo, el proceso judicial sigue abierto: la Cámara dio intervención a las universidades para que respondan la apelación del Estado y luego definirá si habilita la intervención de la Corte. En este contexto, el cumplimiento pleno de la ley permanece en disputa, atravesado por tensiones políticas, fiscales y judiciales.