La Inspección General de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia designar veedores en la AFA por presuntas irregularidades contables. Desde la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia rechazaron la medida y hablaron de un intento de avanzar sobre el modelo de clubes.
La tensión entre la IGJ y la Asociación del Fútbol Argentino AFA sumó un nuevo capítulo luego de que el organismo de control solicitara formalmente al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la entidad que preside Claudio Tapia.
La decisión quedó plasmada en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, donde se menciona la detección de “graves irregularidades” y la falta de entrega de información contable y financiera requerida previamente a la AFA.
La respuesta de la AFA
Tras conocerse el pedido, la AFA difundió un comunicado institucional compuesto por siete puntos bajo el título “Nuestra respuesta”, con la firma de Tapia. Allí sostuvo que la resolución “no implica sanción ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”, sino que se trataría de una “medida preparatoria”.
Sin embargo, desde la conducción del fútbol argentino cuestionaron la contradicción que —según plantearon— implica hablar de “graves irregularidades” sin aplicar sanciones concretas. “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en graves irregularidades?”, señalaron en el documento.
La entidad también defendió el cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, argumentando que fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción es un acto administrativo “válido y vigente”. En ese punto, la AFA rechazó la afirmación de la IGJ respecto a que la sede en Pilar sería “falsa”.
En su descargo, la Casa Madre del fútbol fue más allá y atribuyó el conflicto a un “trasfondo político”, al considerar que se busca debilitar institucionalmente a la AFA por su postura contraria a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública”, sostuvieron.
La postura de la IGJ
Por su parte, Vítolo aseguró que la fiscalización “no implica ningún tipo de persecución” y remarcó que la AFA continúa bajo la órbita de la IGJ porque, como asociación civil, “sigue inscripta en la Capital Federal”, por lo que no tendría validez el traslado a la provincia de Buenos Aires.
El funcionario afirmó que la investigación en curso podría derivar en la detección de delitos, como “balance falso” si existieran ingresos no registrados por partidos en el exterior. Además, advirtió que, de comprobarse apropiación indebida de fondos, podría encuadrarse como “administración fraudulenta” y, eventualmente, como “lavado de dinero”.
Respecto al nuevo domicilio declarado por la AFA en Pilar, Vítolo sostuvo que inspectores constataron que en el lugar “no hay nada” y lo describió como “un baldío con una casa abandonada y semidestruida, con un cartel que dice próximamente predio de AFA”.
También indicó que la entidad tiene plazo hasta el 11 de marzo para apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal si considera mal resuelto el rechazo al cambio de domicilio.
En paralelo, anticipó que elevará al Ministerio de Justicia la propuesta formal para la designación de veedores y que, en caso de convalidación, estos se presentarán a cumplir funciones sin afectar el normal funcionamiento de la AFA.