El Gobierno nacional tiene plazo hasta este viernes a las 9.30 para cumplir con el fallo judicial que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que lo obliga a actualizar salarios docentes, no docentes y partidas destinadas a becas. En la Casa Rosada ya anticipan el impacto fiscal de la decisión y advierten que podría afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
Según estimaciones oficiales, el cumplimiento de la normativa implicaría un desembolso cercano a los 2,5 billones de pesos. “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, admitió una fuente del Ejecutivo, que dejó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la tarea de evaluar cómo conseguir los recursos necesarios.
La ley había sido sancionada por el Congreso el año pasado, resistida por el oficialismo y finalmente ratificada tras el rechazo al veto presidencial. Luego, la medida fue judicializada y superó tanto la primera instancia como la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Sin demasiadas expectativas, el Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, dentro del propio oficialismo reconocen que es poco probable que se otorgue un efecto suspensivo que frene la aplicación del fallo.
Mientras tanto, desde el ámbito universitario sostienen que, si no hay una resolución favorable, el Ejecutivo deberá comenzar a transferir los fondos de inmediato. La medida cautelar vigente exige cumplir con la recomposición salarial desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de actualizar los programas de becas estudiantiles.
En los despachos oficiales ya analizan alternativas para afrontar el impacto económico de manera dosificada, en línea con la política de ajuste del gasto público. No obstante, admiten que la obligación de pago podría tensionar el objetivo de mantener el déficit bajo control.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional señalaron que las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios del sector quedaron rezagados frente a la inflación.
En este contexto, crece la presión de rectores, docentes y estudiantes, que reclaman la aplicación inmediata de la ley y no descartan nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no avanza con los pagos en el corto plazo.