La iniciativa dicta que la obra social “deberá realizar las medidas necesarias a fin de garantizar en su ámbito de aplicación la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la ley nacional 27.610, incluyendo las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”. Y que para esto “el Insssep deberá adoptar los lineamientos de la citada Ley nacional y su normativa reglamentaria y complementaria”.
En los fundamentos admiten que la ley 27.610 indica expresamente que la IVE debe implementarse en todo el sistema sanitario tanto público como privado, y las obras sociales deben garantizar su cobertura. Pero estiman necesario ser más específicos para evitar malas interpretaciones que impliquen dilaciones que afecten los derechos conferidos por la misma.
La norma también busca evitar costos adicionales que ya son corrientes en todas las prestaciones de la obra social estatal, que fueron incrementándose a tal punto que el valor del plus que los prestadores exigen a los afiliados ya supera los mil pesos, un monto mayor al arancel abonado por el propio Instituto.
Mientras, la Ley de IVE aún no entró en vigencia en Chaco por una cautelar dictada por la jueza Marta Aucar, que frenó su aplicación ante un planteo de inconstitucionalidad.
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