El proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei propone una reconfiguración estructural del sistema político argentino. La iniciativa abarca cambios en la selección de candidatos, el instrumento de votación, los requisitos para los partidos y el financiamiento de la actividad política.
El paquete normativo apunta a reducir la intermediación estatal en la vida partidaria y a endurecer las condiciones de competencia electoral.
Eliminación de las PASO
La propuesta deroga el esquema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En adelante, cada partido político definirá sus candidaturas según sus propias normas internas. El Estado deja de intervenir en la organización de elecciones primarias y se traslada a las estructuras partidarias la responsabilidad de ordenar la oferta electoral.
Implementación de la Boleta Única de Papel
El sistema de votación se reemplaza por una Boleta Única de Papel. El diseño concentra todas las categorías en un solo documento, organizado por filas para cargos y columnas para partidos. El elector podrá optar por marcar cada categoría de forma individual o elegir una lista completa en un solo casillero, eliminando el sistema de boletas partidarias múltiples.
Ficha Limpia: nuevas inhabilitaciones
Se incorpora el criterio de “Ficha Limpia”, que impide ser candidato o ejercer cargos partidarios a personas con condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia. La restricción también alcanza a designaciones en el Poder Ejecutivo. El proyecto prevé la creación de un registro público para controlar el cumplimiento de esta condición.
Requisitos más estrictos para los partidos
La reforma eleva las exigencias para obtener y mantener la personería jurídica. Se requerirá un mínimo del 0,5% del padrón distrital en afiliaciones y presencia en al menos 10 distritos para el reconocimiento nacional. Además, los partidos deberán alcanzar un piso del 3% del padrón en elecciones consecutivas para evitar la caducidad, lo que tiende a reducir la fragmentación del sistema.
Nuevo esquema de financiamiento político
El financiamiento público se distribuirá con un criterio mixto: 20% en partes iguales y 80% según resultados electorales previos. En el plano privado, se establecen límites más precisos a los aportes, restringiendo la capacidad de financiamiento individual para evitar concentraciones excesivas de recursos en determinadas fuerzas.
Restricciones durante la campaña electoral
El calendario electoral fija campañas de 60 días, con cierre 48 horas antes de la votación. Se agrega una limitación clave: la prohibición de inaugurar obras públicas o lanzar programas de alcance masivo en los 25 días previos a la elección. El objetivo es evitar el uso de la gestión estatal como herramienta de influencia electoral.