El Gobierno decidió apostar fuerte. Sin garantías de quórum ni respaldo legislativo consolidado, la Casa Rosada lanzó una reforma electoral de gran alcance que viene madurando desde hace meses y que toca varios pilares del sistema político argentino: las primarias, el financiamiento partidario, los requisitos para existir como fuerza política y la habilitación de candidatos con condenas.
El eje más resonante es la eliminación de las PASO. Para el oficialismo, las primarias abiertas no son más que una encuesta millonaria: según los cálculos del ministro del Interior Diego Santilli, suprimirlas implicaría un ahorro de 200 millones de dólares. Sin embargo, varios gobernadores —sobre todo opositores— resisten la idea, ya que esa instancia les sirve para ordenar candidaturas en un escenario de fragmentación partidaria.
El proyecto también incluye lo que en la Casa Rosada llaman “motosierra a los sellos de goma”: un endurecimiento de los requisitos para que los partidos conserven su personería jurídica. Las fuerzas políticas deberán acreditar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón —con un tope de dos millones de electores—, tener presencia en al menos diez provincias en lugar de cinco, y obtener el 3% del padrón en al menos una de dos elecciones consecutivas. La afiliación en papel desaparece y será reemplazada por avales biométricos para evitar falsificaciones.
En materia de financiamiento, el texto reduce la participación del Estado y establece nuevas reglas para los aportes privados. A eso se suma Ficha Limpia: quien tenga condena en segunda instancia por delito doloso quedará inhabilitado para presentarse a cargos electivos, una restricción que también alcanza a los integrantes del Poder Ejecutivo.
El paquete cierra con dos medidas que pasaron más desapercibidas pero no son menores: la suspensión de las elecciones directas al Parlasur —cuyos integrantes pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados según su composición— y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales, que quedarían a criterio de cada candidato.
El Congreso deberá tratar la reforma en las próximas semanas, pero el camino está lejos de estar despejado. Las negociaciones con gobernadores y bloques opositores recién comienzan, y los propios aliados del Gobierno ya empezaron a colocar interrogantes.