El Ejecutivo provincial presentó este jueves en la Legislatura un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que busca incorporar el artículo 40 bis a la Carta Magna, con el objetivo de garantizar estabilidad fiscal a quienes inviertan en la provincia y prohibir la creación o el aumento de impuestos sobre actividades productivas.
La iniciativa, anunciada por el gobernador Leandro Zdero en la apertura de sesiones ordinarias, fue formalizada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción, Oscar Dudik, y acompañados por los legisladores: Iván Gyoker, Carina Botteri, Carlos Salom y Maida With.
Según explicó Ferro, la propuesta apunta a enviar “un mensaje claro al mundo” sobre la seguridad jurídica en el Chaco, estableciendo que NO se modificarán las reglas de juego fiscales para quienes desarrollen inversiones productivas en el territorio provincial.
“El objetivo es garantizar que ningún inversor vea incrementada su carga tributaria, ni a nivel provincial ni municipal. Queremos generar condiciones para atraer inversiones, promover el desarrollo económico y crear empleo genuino”, sostuvo Ferro durante la presentación.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de una cláusula que resguarda la soberanía fiscal de la provincia ante eventuales cambios en el esquema tributario nacional, asegurando que el Chaco pueda percibir tributos que le sean transferidos sin generar una doble carga para los inversores.
Asimismo, se plantea un ordenamiento del esquema impositivo municipal, estableciendo que las tasas locales no podrán afectar de manera indirecta a las inversiones alcanzadas por la protección constitucional, con el fin de eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad.
Por su parte, el presidente del bloque oficialista “Chaco Puede”, Iván Gyoker, destacó que la provincia “ya dio señales concretas al reducir impuestos y avanzar en medidas que favorecen la actividad privada”, y remarcó la importancia de consolidar estas políticas mediante una norma de máximo rango. “Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños”, afirmó.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la reforma apunta a consolidar una política de Estado a mediano y largo plazo, orientada a posicionar al Chaco como una provincia competitiva y confiable para la radicación de capitales.
