En el marco del extenso litigio internacional por la estatización de YPF, el Gobierno argentino presentó una nueva respuesta ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York con el objetivo de frenar la ejecución del fallo dictado por la jueza Loretta Preska.
La sentencia, que condena a Argentina al pago de más de 16.000 millones de dólares —monto que asciende a 17.750 millones con intereses—, exige la entrega del 51% de las acciones estatales de la petrolera como parte de pago.
La defensa del Estado argentino insiste en que el cumplimiento inmediato de la sentencia vulneraría leyes internas, afectaría el control estatal sobre YPF y perjudicaría a terceros, como las provincias que poseen participación accionaria y los tenedores de bonos soberanos.
En su presentación, el Gobierno remarca que no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino de un caso sin precedentes con implicancias económicas e institucionales profundas.
Uno de los argumentos centrales es que, según la legislación argentina, cualquier operación sobre las acciones de YPF requiere autorización parlamentaria. Por lo tanto, la ejecución forzada del fallo resulta jurídicamente inviable bajo el ordenamiento interno.
En este sentido, se plantea que mantener el statu quo no ocasionaría daños a los demandantes y permitiría desarrollar el proceso de apelación de forma más ordenada y respetuosa de las garantías legales.
El Estado también retomó el llamado “caso Bainbridge” como parte de su estrategia legal, al señalar que forzar la transferencia de acciones violaría la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Además, advirtió que no existe jurisprudencia internacional que respalde una medida de esta naturaleza, lo que refuerza el pedido de revisión por parte del tribunal estadounidense.
La disputa judicial se origina en la estatización de YPF realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El Estado argentino acordó entonces una compensación con Repsol, principal accionista de la empresa, pero no replicó esa oferta al resto de los accionistas minoritarios, lo que dio lugar al litigio que hoy enfrenta. Tras el fallo de 2023, Argentina buscó diversas estrategias para frenar las consecuencias inmediatas del dictamen judicial.
Finalmente, el Gobierno nacional sostuvo que la ejecución del fallo podría sentar un precedente riesgoso no solo para Argentina, sino para otros países que deban enfrentar demandas similares. Por ahora, todas las miradas están puestas en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que deberá decidir si da lugar al pedido de suspensión mientras continúa el proceso de revisión.
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