La reciente normativa de la Uni\u00f3n Europea (UE)<\/a>, que exige que productos como la soja<\/a> y la carne provengan de zonas “libres de deforestaci\u00f3n” para su importaci\u00f3n a partir de 2026, ha reavivado un intenso debate en el sector agroindustrial argentino. Originalmente programada para entrar en vigor en enero de este a\u00f1o, su aplicaci\u00f3n se pospuso un a\u00f1o m\u00e1s, hasta 2026, debido a la fuerte oposici\u00f3n de Argentina y otros pa\u00edses sudamericanos exportadores.<\/p>\n La principal cr\u00edtica a esta regulaci\u00f3n radica en que la UE impone sus propios criterios de “campo libre de deforestaci\u00f3n”, que a menudo contradicen las leyes nacionales, y en la excesiva y compleja cantidad de certificaciones requeridas. Para la soja, el mayor obst\u00e1culo es la necesidad de segregaci\u00f3n en origen<\/strong>, es decir, mantener separados los granos certificados de aquellos no cultivados bajo esa normativa.<\/p>\n Aunque Argentina ha avanzado con Visec<\/strong>, una plataforma gratuita para cumplir con las exigencias europeas, la segregaci\u00f3n f\u00edsica sigue siendo un desaf\u00edo considerable a mediano plazo.<\/p>\n Esta problem\u00e1tica fue el eje de un encuentro organizado por el Instituto de Capacitaci\u00f3n Agropecuaria (Incagro). Participaron Viki L\u00f6venberg, consejera de la Delegaci\u00f3n de la UE en Argentina; Gustavo Id\u00edgoras, presidente de CIARA-CEC; y Fernando Rivara, titular de la Federaci\u00f3n de Acopiadores, bajo la moderaci\u00f3n de Ra\u00fal Dente, presidente del Incagro. El objetivo fue despejar dudas sobre el Reglamento 1115\/2023<\/strong>, sus requisitos y las obligaciones que impone al sector agropecuario argentino.<\/p>\n L\u00f6venberg expuso los fundamentos del reglamento, destacando que no solo responde a una demanda ciudadana de mayor conciencia ambiental, sino tambi\u00e9n a la urgencia de actuar contra el calentamiento global. Afirm\u00f3 que la norma, enmarcada en el Pacto Verde, se aplica tanto a productos europeos como importados y exige tres condiciones:<\/p>\n Aclar\u00f3 que “esto no es una prohibici\u00f3n” y que las definiciones se basan en est\u00e1ndares internacionales, principalmente de la FAO. Subray\u00f3 la novedosa exigencia de geolocalizaci\u00f3n de las parcelas de producci\u00f3n<\/strong>, lo que implica una trazabilidad m\u00e1s estricta, aunque sin imponer una herramienta espec\u00edfica. L\u00f6venberg ve esta medida como una “oportunidad para Argentina” para ofrecer productos m\u00e1s sostenibles, elogiando el progreso de la plataforma Visec.<\/p>\n Por su parte, Id\u00edgoras resalt\u00f3 la importancia de adoptar estrategias comerciales que consideren las demandas ambientales globales, m\u00e1s all\u00e1 de las posturas pol\u00edticas. Inst\u00f3 a toda la cadena de valor a sumarse a Visec, una herramienta que garantiza una trazabilidad confiable y verificable<\/strong>, asegurando que los productos no provengan de zonas deforestadas. Este sistema se apoya en el RENSPA<\/strong> y la Carta de Porte<\/strong>, permitiendo seguir el recorrido de los productos desde su origen hasta el puerto de exportaci\u00f3n.<\/p>\n Id\u00edgoras afirm\u00f3 que Visec es “simple, voluntario y gratuito” para productores y otros actores, contando con el respaldo de la Bolsa de Comercio de Rosario<\/strong>, que emite los certificados de cumplimiento de la normativa europea. Sin embargo, reconoci\u00f3 que la segregaci\u00f3n f\u00edsica del grano<\/strong> es el “mayor obst\u00e1culo t\u00e9cnico”, implicando un “esfuerzo econ\u00f3mico” considerable y resultando “irracional” en su implementaci\u00f3n.<\/p>\n Fernando Rivara, presidente de la Federaci\u00f3n de Acopiadores, fue a\u00fan m\u00e1s cr\u00edtico con la segregaci\u00f3n, calific\u00e1ndola de “innecesaria, costosa e ineficiente”. Ironiz\u00f3 compar\u00e1ndola co<\/strong>n “separar billetes seg\u00fan el barrio donde vive cada depositante”. Advirti\u00f3 sobre posibles efectos ambientales negativos, como el alto consumo energ\u00e9tico que implicar\u00eda el secado artificial de granos h\u00famedos si no se pudieran mezclar, lo que “aumentar\u00eda el calentamiento global”.<\/p>\n Rivara abog\u00f3 por un sistema m\u00e1s sencillo para fomentar una mayor adhesi\u00f3n. Ponder\u00f3 que Argentina, a trav\u00e9s de Visec, ha desarrollado un protocolo confiable<\/strong> para cumplir con el reglamento, destacando que la certificaci\u00f3n es una “garant\u00eda”.<\/p>\n El debate dej\u00f3 claro que el Reglamento 1115\/2023 marca un punto de inflexi\u00f3n<\/strong> para el comercio agroindustrial con la UE. Si bien existe consenso en la lucha contra la deforestaci\u00f3n, el \u00e9xito de la implementaci\u00f3n depender\u00e1 de c\u00f3mo se gestionen los mecanismos de trazabilidad, especialmente en lo que respecta a la pol\u00e9mica segregaci\u00f3n f\u00edsica.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n Campo Link<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente normativa de la Uni\u00f3n Europea (UE), que exige que productos como la soja y la carne provengan de zonas “libres de deforestaci\u00f3n” para su importaci\u00f3n a partir de 2026, ha reavivado un intenso debate en el sector agroindustrial argentino. 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