- \n
- <\/i><\/li>\n
- <\/i><\/li>\n
- <\/a><\/i><\/li>\n
- <\/i><\/li>\n
- \n
<\/div>\n<\/li>\n- <\/i><\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/p>\n
<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declar\u00f3 la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones<\/strong> (art\u00edculos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto seg\u00fan leyes 27.346 y 27.430).<\/p>\n
Lo hizo en el caso de Mar\u00eda Isabel Garc\u00eda, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre R\u00edos<\/strong>, que en el a\u00f1o 2015, cuando contaba con 79 a\u00f1os de edad, promovi\u00f3 contra la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) una acci\u00f3n con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducci\u00f3n del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirm\u00f3 que padec\u00eda problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.<\/strong><\/p>\n
La C\u00e1mara Federal de Paran\u00e1 confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia que hab\u00eda declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que hab\u00eda ordenado a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos que cesara en la aplicaci\u00f3n del impuesto sobre la jubilaci\u00f3n de la se\u00f1ora Garc\u00eda<\/strong> y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoci\u00f3n de la acci\u00f3n.<\/p>\n
La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destac\u00f3 que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada<\/strong>. Explic\u00f3 en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantiz\u00f3 \u201cla igualdad real de oportunidades y de trato\u201d a favor de los jubilados<\/strong>, como grupo vulnerable (art\u00edculo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida.<\/p>\n
Destac\u00f3 que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables \u2013entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos<\/strong>. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuaci\u00f3n del Estado una mirada humanista al momento de definir su pol\u00edtica fiscal. En consecuencia, el Tribunal destac\u00f3 que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jur\u00eddico y operar como un compartimento estanco<\/strong>, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constituci\u00f3n protege de manera especial.<\/p>\n
En este marco, explic\u00f3 que la sola utilizaci\u00f3n de la capacidad contributiva como par\u00e1metro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constituci\u00f3n Nacional.<\/strong> La falta de consideraci\u00f3n por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situaci\u00f3n de notoria e injusta desventaja.<\/p>\n
Por todo ello, la Corte Suprema resolvi\u00f3 que el texto actual de la ley, redactado en un contexto hist\u00f3rico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.<\/strong><\/p>\n
Concluy\u00f3 por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilaci\u00f3n de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto<\/strong>, debiendo reintegrarse a la se\u00f1ora Garc\u00eda los montos retenidos desde la interposici\u00f3n del reclamo.<\/p>\n
En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvi\u00f3 que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales<\/strong> y que no se demostr\u00f3 la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora.<\/p>\n
Para resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destac\u00f3 que en el a\u00f1o 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situaci\u00f3n de los jubilados y pensionados- el Congreso sancion\u00f3 la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias<\/strong>. En dicha ley, el Congreso estableci\u00f3 una deducci\u00f3n especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del r\u00e9gimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas reci\u00e9n a partir de una suma que, al d\u00eda de hoy, es de $62.462,22.<\/p>\n
Luego, Rosenkrantz indic\u00f3 que las jubilaciones y pensiones son \u201crenta\u201d tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto<\/strong>. En efecto, al regular la cuarta categor\u00eda de ganancias, se establece de manera expresa y especial que \u201cconstituyen ganancias [\u2026] las provenientes: [\u2026] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto\u201d (art\u00edculo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual). Para Rosenkrantz, esta conclusi\u00f3n encuentra sustento, adem\u00e1s, en la jurisprudencia de la Corte seg\u00fan la cual el legislador goza de amplia discreci\u00f3n para determinar los hechos imponibles<\/strong> (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relaci\u00f3n existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento econ\u00f3mico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qu\u00e9 es lo que gravar\u00e1.<\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no constituye un supuesto de doble imposici\u00f3n<\/strong>. Ello es as\u00ed, por cuanto los aportes previsionales no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias. Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza.<\/strong><\/p>\n
Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el art\u00edculo 14 bis seg\u00fan el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el car\u00e1cter \u201cintegral e irrenunciable\u201d<\/strong>. Entendi\u00f3 que la \u201cintegralidad\u201d de la seguridad social que la Constituci\u00f3n garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicci\u00f3n del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilaci\u00f3n amparando a los habitantes de la Naci\u00f3n de contingencias diversas.<\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que la posibilidad de gravar las jubilaciones y pensiones est\u00e1 positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte y mantenidas hasta la actualidad<\/strong>. Ello es as\u00ed por cuanto la Corte Suprema ha decidido reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones est\u00e1n constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al inter\u00e9s p\u00fablico; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad.<\/p>\n
En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de inter\u00e9s general y a las exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoci\u00f3n del bienestar general. Adem\u00e1s, la actora no ofreci\u00f3 la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo<\/strong>. En efecto, la actora s\u00f3lo ofreci\u00f3 prueba relativa al pago de un servicio de telefon\u00eda, cuyo costo representaba el 0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de $81.503,42, \u00e9poca en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del pa\u00eds era de $5.179.<\/p>\n
Por lo tanto, el haber de la actora era m\u00e1s de 15 veces superior al haber medio de nuestro pa\u00eds, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situaci\u00f3n que la mayor\u00eda de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relaci\u00f3n con la invocaci\u00f3n de problemas de salud, la actora no aport\u00f3 prueba alguna de cu\u00e1les ser\u00edan los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indic\u00f3 qu\u00e9 problema de salud espec\u00edfico la afectar\u00eda<\/strong>. De hecho, entendi\u00f3 que no hac\u00eda falta hacerlo pues ella misma consider\u00f3 que la cuesti\u00f3n era de puro derecho, lo que as\u00ed fue declarado por el juez interviniente.<\/p>\n
Por \u00faltimo, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibici\u00f3n constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/strong>. En efecto, no cabe inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricci\u00f3n a la facultad constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza. M\u00e1s aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones m\u00e1s altas del sistema y no han probado el car\u00e1cter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.<\/p>\n
Adicionalmente, Rosenkrantz consider\u00f3 que el art\u00edculo 75 inciso 23 de la Constituci\u00f3n Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los art\u00edculos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto<\/strong>. El art\u00edculo 75 inciso 23 de la Constituci\u00f3n dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constituci\u00f3n Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, \u201cen particular respecto de los ni\u00f1os, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad\u201d.<\/p>\n
Para Rosenkrantz, la menci\u00f3n en el texto constitucional de ciertas categor\u00edas de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas com\u00fanmente se asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligaci\u00f3n de pagar los tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado<\/strong>. Si ello fuera cierto, \u201cdeber\u00eda admitirse una conclusi\u00f3n que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deber\u00edan estar eximidas de pagar cualquier tributo o deber\u00edan pagar un porcentaje menor que los hombres\u201d.<\/p>\n
Para concluir, Rosenkrantz sostuvo que \u201cel mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desear\u00eda no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un r\u00e9gimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulaci\u00f3n corresponde primariamente al Congreso de la Naci\u00f3n\u201d<\/strong>. A ello agreg\u00f3 que el Poder Judicial \u201cno tiene facultades para invalidar los grav\u00e1menes en raz\u00f3n de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepci\u00f3n, mientras de ellos no resulte una violaci\u00f3n de las disposiciones constitucionales\u201d (Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer categor\u00edas tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideraci\u00f3n.<\/p>\n
- <\/i><\/li>\n