El material difundido en redes sociales impulsó la movilización de vecinos, quienes consideran inadmisible que una persona en situación de vulnerabilidad sea víctima de este tipo de violencia por parte de quienes deberían garantizar su seguridad. La presión social llevó a que diferentes instituciones se pronunciaran sobre el hecho.
Organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación y advirtieron sobre la reiteración de abusos policiales en la provincia. Además, solicitaron una investigación seria que determine responsabilidades y evite cualquier intento de encubrimiento.
La familia del joven pidió contención y acompañamiento en este momento crítico. También reclamaron que los policías señalados como responsables sean apartados de la fuerza mientras avanza la causa, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.
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