Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa, pero decidió no declarar.
La audiencia se llevó adelante ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes llevan adelante la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos dentro del organismo.
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El expediente judicial apuntó a un supuesto esquema de corrupción estructural dentro de la ANDIS, basado en licitaciones direccionadas y prácticas de cartelización entre empresas proveedoras.
Según la hipótesis de los investigadores, distintas firmas simulaban competir en procesos de contratación, cuando en realidad actuaban de forma coordinada para garantizar adjudicaciones previamente acordadas con funcionarios.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detectó movimientos por más de $75.478 millones.
De acuerdo con la acusación, esos fondos habrían beneficiado a un grupo reducido de empresarios vinculados a la provisión de medicamentos, insumos médicos y productos de alto costo.
Cronograma de indagatorias
Luego de la presentación de Diego Spagnuolo, la ronda de indagatorias continuará con otros exfuncionarios y empresarios involucrados.
Entre ellos se encuentran Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como segundo al mando en el organismo, además de Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, citados para los próximos días.
Ante la magnitud del presunto fraude, el juez Ariel Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y de las empresas involucradas.
La medida apunta a evitar posibles maniobras de vaciamiento patrimonial y garantizar la recuperación de activos para el Estado en caso de que se comprueben las irregularidades.
La causa investiga hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el cual la Agencia Nacional de Discapacidad dependía del Ministerio de Salud.
Según la acusación, durante esos años se habría consolidado un esquema de acuerdos indebidos entre funcionarios y proveedores privados para direccionar contrataciones millonarias.