Tras la media sanción, el Gobierno busca blindar judicialmente la reforma laboral

Tras la media sanción, el Gobierno busca blindar judicialmente la reforma laboral

Con la media sanción del Senado a la reforma laboral, el Gobierno nacional acelera el diseño de una estrategia jurídica para sostener la norma frente a los cuestionamientos que anticipa en los tribunales. En la Casa Rosada descuentan una ola de presentaciones judiciales una vez que el proyecto obtenga la aprobación definitiva en Diputados y sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Según una fuente involucrada en el esquema legal, el conflicto “terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema”.

El armado defensivo está a cargo de un equipo que integran la Secretaría de Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional, encabezada por Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, bajo la órbita del secretario Sebastián Amerio.

Todos responden al asesor presidencial Santiago Caputo. “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial, en referencia al ministro Horacio Rosatti.

La temperatura máxima escalará a los 32 grados centígrados, mientras que la mínima se ubicará en los 21 grados centígrados. Estará “caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste”. El tiempo en alta montaña: algo nublado en cordillera.


En el oficialismo prevén que los principales focos de conflicto con el sindicalismo estarán en la prelación de convenios por empresa sobre los de ámbito nacional, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la redefinición del cálculo de indemnizaciones.

También anticipan cuestionamientos del propio Poder Judicial por la decisión de transferir la Justicia del Trabajo desde la órbita nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Ejecutivo habilitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar acuerdos de traspaso, en una disputa que remite a la autonomía porteña consagrada en la reforma constitucional de 1994.

Desde el entorno judicial sostienen que el traspaso se ajusta al marco constitucional. “No corresponde que la justicia intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente al tanto del debate. En los últimos años, la Legislatura porteña avanzó con la reorganización del fuero laboral y la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.

En el oficialismo cuestionan el desempeño del fuero laboral. Señalan que la justicia laboral “ha sido cooptada” y que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, sostuvo una voz calificada.

Pese a los pedidos de audiencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional antes del tratamiento en el Senado, el oficialismo avanzó y obtuvo media sanción. Mientras espera la definición en Diputados hacia fines de febrero, el Gobierno reafirma la vigencia del proyecto de “Modernización” y ultima los detalles de una estrategia que, aseguran, será determinante en la Corte. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder”, sentenció uno de los involucrados.

Con información de Infobae.

Share This Article