El gobierno de Javier Milei busca sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, y ya puso en marcha la estrategia política y legislativa para reunir los votos necesarios en el Congreso. La semana próxima comenzarán las actividades formales: el viernes se reunirá la mesa política para definir el rumbo parlamentario y una comisión técnica analizará en el Senado las observaciones planteadas por la CGT y las cámaras empresarias.
En paralelo, avanzan las gestiones informales. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de contactos con gobernadores y ya visitó Chubut, con viajes previstos a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich y Martín Menem trabajan sobre el terreno legislativo en ambas cámaras. Bullrich ya anticipó que el dictamen aprobado a fines del año pasado podría sufrir modificaciones para garantizar los apoyos necesarios.
En el Senado, el oficialismo parte de 21 votos propios y necesita sumar 16 más para alcanzar el quórum. El foco está puesto en los diez senadores radicales y en legisladores que responden a gobernadores provinciales. Entre los radicales, algunos tienen vínculos directos con mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), quienes ya acompañaron al Gobierno en votaciones clave como el Presupuesto 2026.
La gira de Santilli por Chubut no fue casual: el gobernador Ignacio Torres podría incidir en los votos de Edith Terenzi y Andrea Cristina. También aparecen como actores relevantes Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Rovira (Misiones), cuyas provincias ya mostraron sintonía con la Casa Rosada en acuerdos recientes. Desde el peronismo no kirchnerista, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) podrían aportar apoyos clave, mientras que Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén) concentran votos decisivos, aunque con mayor margen de incertidumbre.
El principal escollo para cerrar el acuerdo está en el capítulo tributario. Gobernadores de distintos signos advierten que las reducciones de alícuotas de Ganancias implicarían una pérdida de más de $1 billón en recursos coparticipables, afectando especialmente a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además, la eliminación de impuestos a seguros, telefonía, bienes suntuarios y vehículos es vista por la oposición como una reforma tributaria encubierta que impacta de lleno en las arcas provinciales.
En Diputados, La Libertad Avanza cuenta con 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y 2 del MID, quedando a 20 voluntades del quórum. Esos apoyos también deberían llegar mayormente desde las provincias, con un rol clave del radicalismo, que ya había impulsado una reforma laboral propia durante el debate de la Ley Bases y hoy analiza posibles cambios al texto oficial.
Aunque el clima general es de optimismo moderado en la Casa Rosada, el desenlace dependerá de cuántas concesiones esté dispuesto a hacer el Gobierno, especialmente en materia impositiva. Allí se concentra la resistencia más fuerte y, al mismo tiempo, la llave para destrabar la votación.
Con información de Infobae.