El Gobierno nacional descuenta que este viernes obtendrá la sanción definitiva de la reforma laboral en el Senado y ya trabaja en la reglamentación para su rápida entrada en vigencia. En la Casa Rosada anticipan que el decreto reglamentario será publicado en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo, con el objetivo de acotar márgenes de interpretación y reducir la litigiosidad que prevén inmediata.
En el Ejecutivo asumen que la judicialización será “inevitable” apenas la norma comience a regir. Según fuentes oficiales, equipos técnicos y jurídicos revisan el texto con la premisa de “blindar” la implementación frente a amparos y planteos de inconstitucionalidad. La reglamentación buscará ordenar la aplicación de artículos sensibles, especialmente los vinculados con la transición, la vigencia y el alcance de la ley, en un intento por evitar vacíos que habiliten medidas cautelares en los primeros casos testigo.
La estrategia oficial no se limita al plano normativo. En paralelo, el Gobierno avanza en el rediseño del mapa judicial laboral, una pieza central del esquema político y jurídico que acompaña la reforma. El decreto 95/2026 delegó en el jefe de Gabinete la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, además, establece la “vigencia transitoria” del fuero nacional hasta concretar el traspaso y su posterior “progresiva disolución”. “Por eso disolvimos el fuero”, remarcan en el oficialismo.
La Casa Rosada sostiene que esta arquitectura reduce la incidencia de un fuero que considera adverso en los primeros planteos contra la reforma. Sin embargo, el traspaso no es automático y requiere pasos institucionales y operativos en la órbita porteña. En paralelo, distintos espacios sindicales ya anticiparon que acudirán a la Justicia para cuestionar artículos que, a su criterio, vulneran principios como la protección del trabajo y la no regresividad de derechos.
En Balcarce 50 dan por hecho que la disputa terminará en la Corte Suprema y aseguran que cuentan con una estrategia judicial definida. “Creemos que tenemos condiciones para ganar disputa judicial”, afirman. La apuesta oficial es que la combinación entre reglamentación técnica y reconfiguración del fuero laboral limite el impacto de las cautelares y unifique criterios en instancias superiores, mientras se consolida la aplicación efectiva de la reforma.