El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, lideró este lunes la delegación que representó al Estado argentino en la audiencia pública. En ese espacio, el Secretario destacó la firme decisión del Gobierno Nacional de abordar los reclamos de las comunidades indígenas promoviendo el debate y la solución pacífica de los conflictos.
A modo de ejemplo, remarcó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa por el homicidio por parte de fuerzas de seguridad federales de Rafael Nahuel en 2017, en la que está próximo a comenzar el juicio oral. El Secretario también explicó el proceso de diálogo emprendido en torno al conflicto relativo a la comunidad Lafken Winkul Mapu en la Provincia de Río Negro, que permitió que fueron liberadas las mujeres mapuche que permanecían detenidas.
Al mismo tiempo, condenó la brutal represión a las comunidades en Jujuy ante el rechazo a una reforma constitucional que desconoció los derechos a la consulta y la participación de los pueblos indígenas y detalló las acciones desplegadas por la Secretaría para procurar prevenir nuevos casos de violencia institucional en ese contexto, y garantizar, a la vez, la adecuada investigación y sanción de los responsables.
Finalmente, anunció que el pasado viernes, la República Argentina presentó el Plan de Trabajo y Acción para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Lhaka Honhat”.
Por otra parte, el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni, dio cuenta del contexto político profundamente adverso que vive nuestro país en materia de derechos de los pueblos indígenas, en el marco de una avanzada reaccionaria inédita, llena de discursos discriminatorios y estigmatizantes. En ese marco, Marmoni presentó información actualizada sobre el proceso de relevamiento territorial en virtud de la Ley 26.160 y, entre otras acciones, puntualizó los alcances del Programa de acompañamiento jurídico del Instituto, que permite a las comunidades acceder a un servicio de profesionales especializados en derecho indígena con el objetivo de garantizar la igualdad de armas en los procesos judiciales que las involucran.
