El expediente comenzó en 2010, cuando Sergio Schoklender estaba al frente del programa Sueños Compartidos y acusó al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.
La causa estuvo parada durante casi 13 años pero fue reactivada por el fiscal Patricio Sabadini tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski con nuevos testimonios.
Una de las testigos, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. “El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró ante la Fiscalía.
Sabadini también citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. “Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó.
También declaró Schoklender, quien le apuntó al rol del gobernador Jorge Capitanich. “Hubo una decisión política de la gobernación de negociar entre comillas con Emerenciano Sena y Marcela Acuña para no generar conflicto y cortes de puente y cortes en la ciudad”, sostuvo. El ex apoderado se reunió en ese momento con el gobernador y le explicó los motivos del conflicto. Según el ex apoderado de las Madres, Sena pretendía que los pagos a los obreros se realicen en efectivo para “manejar el dinero”. En cambio, la Fundación impulsaba la bancarización de todos los empleados.
Al comienzo, la causa estuvo a cargo del fiscal subrogante Gustavo Corregido, quien pidió imputar a los tres acusados, pero se encontró con la negativa del exjuez Carlos Skidelsky. La Cámara finalmente ordenó revocar ese fallo pero la causa quedó cajoneada durante años.
La denuncia original de Schoklender apuntaba a tres delitos:
1) sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades
2) sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etc), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de contrucción- de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación
3) usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
Para ese entonces, ya había explotado la guerra entre Schoklender y Sena. En respuesta a la denuncia, Sena habló de desmanejos financieros y hasta de “grupos armados” que fueron trasladados al Chaco para amedrentar a los obreros.
Tras un extenso proceso, la jueza Niremperger procesó hoy a los Sena y a Osmar Gómez por el delito de trata de personas y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $31.000.000, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.
Sena y su mujer permanecen bajo prisión preventiva por el crimen de Cecilia y hace un mes fueron trasladados a cárceles comunes. La investigación continúa su curso para tratar de esclarecer cómo desecharon el cuerpo.
Infobae
