El Gobierno nacional entró en la cuenta regresiva hacia el inicio de las sesiones extraordinarias y apuesta a construir los acuerdos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026.
La administración de Javier Milei reconoce que no cuenta con los votos propios para sancionar la ley y abrió una negociación directa con los gobernadores, que coinciden en la urgencia de contar con una norma actualizada, pero condicionan su apoyo a beneficios concretos: avales para endeudamiento externo, mayor disponibilidad de fondos y reformas clave vinculadas al manejo de recursos naturales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de conversaciones incluso antes de asumir, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En esos encuentros, los mandatarios plantearon la necesidad de que la Nación otorgue los avales para acceder a créditos internacionales, un trámite que no implica erogación fiscal pero sí habilita financiamiento inmediato para obras y déficits locales.
También reclamaron la reasignación de cupos de endeudamiento no utilizados por otras jurisdicciones. Neuquén, bajo la gestión de Rolando Figueroa, llevará este pedido como prioridad, junto con la deuda pendiente que mantiene el Estado nacional con la provincia.
En paralelo, la Casa Rosada se muestra dispuesta a modificar el texto original del presupuesto, con la condición de mantener inalterables los ejes centrales del programa económico: asistencia social focalizada, política de seguridad y defensa, y reducción del tamaño del Estado. Así lo definió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien confirmó que existe margen para negociar todo lo demás. El Gobierno busca garantizar que el equilibrio fiscal quede explícito en la ley, al considerarlo un punto innegociable.
La discusión incorpora además demandas que exceden la lógica presupuestaria. Varios gobernadores impulsan la inclusión de la reforma a la Ley de Glaciares, con el objetivo de recuperar capacidad de decisión sobre las zonas periglaciares y habilitar proyectos extractivos actualmente frenados.
Milei avaló públicamente este punto y anunció que enviará una norma para devolver a las provincias la potestad de determinar sus áreas sensibles. También resurgió el debate por la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, luego del fracaso del proyecto que buscaba modificar la distribución de sus recursos, donde las provincias solo reciben el 10,40%.
Los movimientos legislativos añaden otro elemento a la negociación. Gobernadores como Armando Jaldo, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa analizan la conformación de un bloque propio, junto con Raúl Jalil, lo que reconfiguraría la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Se trata de un espacio que no será oficialista, pero tampoco opositor duro, y que podría funcionar como un aliado clave en votaciones sensibles. Los realineamientos, sin embargo, no se formalizarán antes del 10 de diciembre.
Mientras tanto, Milei reunió a los legisladores electos de La Libertad Avanza y les dio instrucciones de cara al tratamiento del paquete de leyes para extraordinarias. Martín Menem y Patricia Bullrich serán los encargados de ordenar los debates en Diputados y el Senado. En la Casa Rosada consideran que existe consenso suficiente para evitar la continuidad del presupuesto prorrogado de 2023, que describen como “un parche insostenible”, y sostienen que el equilibrio fiscal ya se convirtió en una condición aceptada por la mayoría de las provincias.