La droguería Suizo Argentina, una pieza clave en el escándalo destapado días atrás y que involucra al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, presentó un escrito en la Justicia con el fin de que declare la nulidad absoluta en la investigación por presuntos pagos de sobornos.
La defensa, con el abogado Martín Magram a la cabeza, sostiene que las grabaciones se obtuvieron de manera ilegal y que, además, están adulteradas. Lo ocurrido, argumentó Magram, provocó un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.
El escrito fue presentado el viernes ante el juez federal Sebastián Casanello. Se trata del mismo día en el que el fiscal porteño Franco Picardi ordenó un allanamiento en la sede de la empresa.
Martín Magram esgrimió al respecto: “Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita“.
Y agregó que “la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho ha sido la fórmula imperante, concitando con cierto estupor, el recuerdo de épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.
Para el equipo legal de Suizo Argentina, los investigadores “iniciaron una verdadera caza de brujas mediante una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados (…) en suma, un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.
Finalmente, hizo alusión a los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y señaló que no se debería darle “ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal”.