La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la salida no documentada de fondos y al uso de facturas apócrifas.
La presentación, a cargo del organismo que conduce Andrés Vázquez, quedó radicada en la Justicia federal y se apoya en una fiscalización integral sobre las operaciones de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia entre marzo de 2023 y junio de 2025. De manera preliminar, el perjuicio fiscal estimado supera los 375 millones de pesos, aunque la cifra podría incrementarse a medida que avance la investigación.
Según la denuncia, ARCA detectó movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente, lo que habría permitido ocultar el destino real de los fondos y eludir los controles fiscales vigentes.
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El organismo aportó a la Justicia informes técnicos, actas de inspección, análisis bancarios y verificaciones domiciliarias que describen un patrón reiterado de pagos a proveedores sin capacidad económica real. En varios casos, las empresas emisoras de las facturas no contaban con empleados, infraestructura ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.
La investigación se originó a partir de alertas de los sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que identificaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA y pagos a contribuyentes incluidos en registros oficiales de firmas no confiables. A partir de estos hallazgos, el organismo dictó resoluciones administrativas con ajustes en el Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas y en el IVA, que fueron notificadas a comienzos de 2026. La AFA rechazó las liquidaciones, lo que derivó en la apertura de procedimientos determinativos de oficio y en la ampliación de la pesquisa a nuevos proveedores y períodos.
El expediente también retoma una denuncia previa por posible evasión tributaria y previsional que, según ARCA, podría superar los 19 mil millones de pesos. La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, al considerar que la existencia formal de facturas no acredita por sí sola la realidad de las operaciones. La causa se encuentra en etapa de instrucción, sin imputaciones penales formales ni resoluciones de fondo, y permanece abierta a la incorporación de nuevas pruebas. Por el volumen económico involucrado y el perfil público de la entidad investigada, el caso se perfila como una de las pesquisas fiscales más relevantes de los últimos años.