El fiscal federal Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal N° 2 que decomise el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario. El pedido forma parte de una segunda tanda de ejecución patrimonial en la causa Vialidad, que busca cubrir el perjuicio económico al Estado fijado por la Justicia en cerca de $685.000 millones.
El listado presentado por la fiscalía va mucho más allá del departamento donde vive la expresidenta. Incluye 141 inmuebles —13 vinculados a la familia Kirchner y 128 a empresas asociadas a Lázaro Báez—, 46 automotores, USD 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y USD 992.134 depositados en una cuenta bancaria. Entre los bienes más emblemáticos figuran el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, el chalet de la costanera en Río Gallegos y propiedades en Santa Cruz.
En su dictamen, Luciani justificó la ampliación del decomiso recordando que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”. También argumentó que el patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados.
El pedido quedó en manos del tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que deberá resolver si incorpora estos bienes al proceso de ejecución. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa intentando frenar la medida mediante recursos judiciales que podrían llegar a la Corte Suprema.
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