La coyuntura política aporta menos certezas que la fluctuante situación climática. A toda marcha, el gobernador Axel Kicillof decidió sumarse a la comunidad universitaria advirtiendo sobre el impacto acumulado de los recortes libertarios en la educación pública, mientras los docentes bonaerenses siguen reclamando una urgente suba salarial ante la pérdida del poder adquisitivo por la inflación y así evitar posibles medidas de fuerza por conflictos laborales en la provincia de Buenos Aires.
“Aunque el Presidente prefiera destinar los recursos a la timba financiera”, venía repitiendo Kicillof apuntando contra Javier Milei por los recursos nacionales que tendrían que estar en el sistema educativo federal.
El tiempo pareció hacerle un pequeño guiño desde el momento que se conoció el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) poniendo la lupa sobre operaciones financieras vinculadas a las reservas de oro del Banco Central.
Otra vez, la inexperiencia en función gubernamental sigue siendo una dificultad para un Gobierno libertario con reiteradas contradicciones en torno a la recuperación económica y su impacto sobre las problemáticas sociales.
Desde la cúpula de La Libertad Avanza se encienden alarmas por los posibles votantes desencantados. Saben que el voto emocional puede influir en el ánimo de los indecisos durante la competencia electoral de 2027.
No es casual que en el tablero de la interna libertaria hayan saltado algunos fusibles ante la necesidad de introducir correcciones económicas antes de fijar la estrategia electoral del año que viene.
Los reclamos salariales y laborales también suman presión ante una Gobernación de calle 6 en jaque por imponderables presupuestarios en sus deterioradas finanzas a raíz del ajuste presidencial.
“Son tiempos donde el Estado nacional desfinancia incansablemente a la Provincia”, intentó contrastar el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, uno de los pocos funcionarios bonaerenses con línea directa a la expresidenta Cristina Kirchner.
A todo esto, legisladores libertarios bonaerenses cuestionan el traslado de culpas permanente al Gobierno nacional y acusan a Kicillof de buscar “ampliar la burocracia estatal” con la creación de una empresa estatal de medicamentos y reorganizar el sistema sanitario a través de los dos proyectos de salud impulsados desde el Ejecutivo.
También subrayan la necesidad de que la discusión política no implique eludir las responsabilidades que tiene el Estado bonaerense ante lo que denominan como “las deficiencias en el servicio de agua potable” o “la escalada de inseguridad”.
“Es este modelo liberal el que no funciona”, respondió la vicegobernadora Verónica Magario.
Ante semejante panorama, Kicillof va preparando el terreno buscando amortiguar el impacto narrativo del Gobierno mileísta y no caer en el barro preelectoral ante su exposición mediática.
Según dicen sobre las diagonales platenses, el texto gubernamental con todos los detalles técnicos del Presupuesto bonaerense 2027 podría desembarcar recién en noviembre próximo para ser considerado en el debate parlamentario.
También la redacción iría acompañada por una sensata advertencia política. “Ni a Kicillof ni a ningún gobernador le gusta sentirse abrumado por alguna desmedida pretensión económica para los números presupuestarios acumulados en algún cofre de tesorería”, avisaron sobre los amplios ventanales que dan a un espacio verde de la residencia estatal platense.
En otras palabras, si la negociación -tanto con el arco parlamentario oficialista como con el opositor- se complica, un par de ministros con perfil técnico revelaron, a modo de ultimátum, que gobernarán su último año de gestión “con un presupuesto general de gastos y recursos prorrogado y listo”.
Al margen de apariencias engañosas de la política contemporánea, lo cierto es que la campaña electoral bonaerense empezó hace rato.
Más precisamente se puede rastrear el inicio casi inmediatamente después de que se conoció el número final del escrutinio durante las elecciones de renovación legislativa de 2025.
En ese contexto, referentes provinciales del PRO repiten una y otra vfez que las candidaturas y decisiones electorales no deberían construirse desde los anhelos personales. Una sutil definición política que también podría ser interpretada como un mensaje encapsulado hacia los despachos donde Nación ya traza su plan proselitista.
En paralelo, esos mismos referntes proyectan la necesidad de que los espacios de centroderecha confluyan electoralmente para evitar la dispersión de fuerzas y así disputar la Gobernación de manera competitiva con la candidatura del actual jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, frente a un peronismo que llegó al “Día de la Lealtad” en medio de una virtual fractura partidaria.
La idea es construir un amplio acuerdo partidario entre LLA, el PRO, sectores del radicalismo y espacios vecinales que compartan determinadas coincidencias ideológicas sobre un escenario donde pareciera que el porcentaje de “votante duro anti peronista” no sufriría alteraciones en las urnas de la PBA.
Claramente, la crisis estructural de inseguridad bonaerense ocupará buena parte de la fórmula discursiva que utilizará la agenda política buscando atesorar algún rédito de una problemática delictiva que no encuentra alguna ráfaga de ilusión de solución real, ya sea dentro del PJ o en el resto de las fuerzas opositoras.