El presidente Javier Milei aprobó el Régimen Administrativo, Patrimonial, Contable y de Control de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y fijó en un 8% la alícuota de las contribuciones patronales.
La OSFA fue creada como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 88/2026 del 5 de febrero, en el marco de la transformación de la OSFFESEG (Obra Social de las Fuerzas de Seguridad) y la separación de las coberturas de salud del personal de Defensa y de Seguridad.
El artículo 14, inciso 2 del Decreto 88/2026 establecía que el Poder Ejecutivo debía aprobar el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control del nuevo ente.
Mediante el Decreto 986/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial se cumple con la norma.
La contribución patronal del 8% se aplica sobre los haberes del personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, del personal civil que presta servicios en las Fuerzas y del personal civil de la propia OSFA, determinada sobre los haberes efectivamente percibidos.
El Ministerio de Defensa queda facultado para dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación del régimen.
De esta forma, el gobierno busca darle respuesta a un tema sensible como la seguridad en salud de las fuerzas armadas y es parte del plan por el que pretende jerarquizar la fuerza.
Qué pasó
En febrero último, ante el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas, el Poder Ejecutivo Nacional había oficializado la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La medida dispuso la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La decisión administrativa buscó dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios. (con información de NA)