El Gobierno de Javier Milei promulgó las Leyes N° 27.795 y 27.796, que crean el nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y declaran la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas, respectivamente. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine de qué manera se financiarán.
La decisión fue oficializada mediante los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial. En ambos textos, el Poder Ejecutivo fundamentó la suspensión en “la imposibilidad de afrontar el costo fiscal inmediato” que implicaría la puesta en marcha de las normas. Según los cálculos oficiales, el impacto conjunto superaría los tres billones de pesos en los próximos dos años, un gasto que el Ministerio de Economía considera “incompatible con el equilibrio fiscal”.
Financiamiento universitario: una ley sin fondos
La Ley N° 27.795, aprobada por insistencia del Congreso tras el veto presidencial, establece un mecanismo de actualización automática del presupuesto de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal docente y no docente. Entre sus puntos centrales, la norma ordena que los gastos de funcionamiento se actualicen cada dos meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.
El Ejecutivo advirtió que, entre mayo y diciembre de 2024, la inflación acumulada alcanzó el 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional de $123.358 millones solo en el ejercicio vigente. Para 2025, el costo total de la ley ascendería a $1,07 billones, mientras que en 2026 superaría los $2 billones.
El artículo más sensible para el Tesoro nacional es el que dispone la equiparación salarial con la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Según el decreto, los salarios universitarios crecieron un 128,49 % en ese período, frente a una inflación del 220,45 %, lo que implicaría otorgar un aumento adicional del 40,25 %.
La norma también obliga a incorporar las sumas no remunerativas a los sueldos básicos, medida que generaría un incremento del 37,55 % para el personal no docente. El costo fiscal de esa actualización se estimó en $178.984 millones para 2025 y $490.459 millones para 2026.
Además, el régimen prevé la actualización automática de las becas Progresar y Manuel Belgrano. Según los cálculos oficiales, esta cláusula implicaría destinar $72.840 millones adicionales al programa de carreras estratégicas y $76.614 millones al Progresar.
Emergencia pediátrica: una medida con alto costo presupuestario
La segunda norma promulgada, la Ley N° 27.796, declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas por dos años, con el Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. El objetivo es garantizar el acceso a la atención infantil, asegurar el funcionamiento de los hospitales pediátricos y fortalecer los sistemas de formación médica.
El texto contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, infraestructura y vacunas, además de una recomposición salarial inmediata para el personal de salud y la exención del impuesto a las ganancias para guardias y horas extras.
El Poder Ejecutivo estimó que la aplicación integral de esta ley demandaría $196.270 millones, cifra que —según el decreto— “supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud”, cuya ejecución ya registra un déficit de $102.400 millones.
El Gobierno sostuvo que financiar la emergencia sanitaria pediátrica requeriría recortar un 30 % de los subsidios destinados a medicamentos y equipamiento médico, y hasta un 60 % del presupuesto para la prevención del VIH/Sida, lo que “afectaría directamente políticas esenciales de salud pública”.
Tensión institucional y mensaje fiscal
Ambas leyes fueron impulsadas por mayorías legislativas que enfrentaron la oposición del Ejecutivo. En el caso de la ley universitaria, el Congreso la aprobó por insistencia, tras el veto presidencial. La decisión del Gobierno de promulgar las normas pero suspender su entrada en vigencia representa un equilibrio político: reconoce la sanción parlamentaria, pero evita asumir su costo inmediato.
El Ministerio de Economía justificó la medida en la necesidad de “preservar el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción del déficit primario”, en línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional.
Hasta que el Congreso no modifique el Presupuesto Nacional o determine fuentes de financiamiento específicas, las leyes permanecerán sin aplicación efectiva. En la práctica, esto implica que las universidades no recibirán fondos adicionales ni se aplicarán las mejoras salariales previstas, y que el sector pediátrico continuará bajo los niveles actuales de asignación presupuestaria.