El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 941/2025, que introduce modificaciones profundas a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Esta medida busca modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), eliminando superposiciones de funciones y centralizando la coordinación bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Desde el kirchnerismo, manifestaron sus quejas contra la medida del presidente Javier Milei al asegurar que, de esta manera, se creará una suerte de “Policía secreta”.
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Cambios
- La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), enfocándose en prevenir amenazas estratégicas como el espionaje y el sabotaje.
- La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) se convierte en la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), especializándose en la obtención de información en el ciberespacio.
- La División de Asuntos Internos (DAI) se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), con mayores facultades de auditoría y control interno.
- Creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC): para separar la inteligencia de la protección de infraestructuras, se crea el CNC como organismo descentralizado bajo la Jefatura de Gabinete. Su misión principal será proteger el ciberespacio de interés nacional y los activos digitales estratégicos del Estado, actuando como el rector en materia de seguridad informática.
- Disolución de la Inteligencia Estratégica Militar centralizada: el decreto disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministerio de Defensa, por considerar que su estructura estaba sobredimensionada. Sus funciones, bienes y presupuesto son transferidos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), buscando una producción de inteligencia militar más eficiente.
- Nuevas Comunidades de Coordinación (CITN y CIFN): se establecen dos nuevos ámbitos para mejorar el flujo de información. Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN): integra a los órganos del SIN con las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Comunidad Informativa Nacional (CIFN): agrupa a organismos públicos (como RENAPER, Migraciones y Aduana) que, aunque no producen inteligencia, poseen datos valiosos para la seguridad estratégica.
- Carácter Encubierto y Facultades Especiales: la reforma establece que todas las actividades de inteligencia nacional revisten carácter encubierto debido a su sensibilidad. Además, se habilita al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales.
- Garantías y Limitaciones: el texto ratifica que ningún organismo de inteligencia podrá producir información sobre personas por motivos de raza, religión, opinión política o actividades lícitas. Asimismo, se prohíbe influir en la situación institucional o política del país, salvo en las tareas específicas de contrainteligencia para proteger el orden constitucional.
Críticas opositoras
El anuncio de la reforma en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de los bloques opositores en el Congreso.
Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como “encubiertas”, lo que para diversos sectores representa la instauración de un “Estado policial”.
Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea de facto una “policía secreta”. En ese orden, se sumó Agustín Rossi, quien deslizó que esto habilitaría “a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicia”.
En sintonía, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” subordinada a tareas de seguridad interior.
Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.
La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.
Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios.