Las testigos clave en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni completaron su declaración ante la Justicia federal, ratificando la existencia de un préstamo privado de 100.000 dólares en efectivo.
Durante la audiencia en Comodoro Py, las mujeres explicaron que el vínculo con el portavoz presidencial es de larga data y que la entrega del dinero se realizó bajo condiciones de confianza mutua para facilitar una de sus operaciones inmobiliarias.
Según los documentos, Graciela Molina de Cancio (que es comisaria retirada de la Policía Federal) le dio, según lo documentado, 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (su hija, que también se desempeña en la fuerza, pero como contadora), 15.000. Ambas fueron presentadas a Adorni por la escribana Adriana Nevechenko.
Afirmaron que el jefe de Gabinete todavía les adeuda US$70.000.
Según sus testimonios, el capital otorgado tiene un origen lícito y trazable, desvinculándolo de cualquier maniobra de fondos públicos o incrementos patrimoniales injustificados por parte del funcionario.
En sus declaraciones, las prestamistas aportaron detalles sobre la solvencia financiera que les permitió realizar el préstamo -aseguraron que reciben pagos mensuales de alquileres-, mencionando que los fondos formaban parte de ahorros personales y bienes recibidos por una herencia familiar debidamente registrada. La hija explicó que el dinero lo recibieron tras la muerte de su padre, que también fue comisario.
Las mujeres respondieron a los interrogatorios del fiscal y el juez sobre los plazos de devolución y el motivo por el cual la transacción se realizó por fuera del sistema bancario tradicional.
Con estos testimonios, la defensa del vocero busca desactivar las sospechas de enriquecimiento ilícito, argumentando que el flujo de dinero está plenamente justificado por terceros ajenos a la administración pública.
Tras las declaraciones, el juzgado analizará la documentación respaldatoria presentada por las testigos para verificar si los montos coinciden con sus perfiles fiscales ante la AFIP.
El foco de la causa se desplaza ahora hacia la validación de estos dichos mediante pericias contables y el cruce de datos con las declaraciones juradas del propio Adorni.
Aunque las mujeres ratificaron la legalidad del movimiento, la Justicia mantiene abierta la investigación para confirmar que el préstamo no haya sido una simulación destinada a blanquear fondos cuyo origen el vocero no ha podido acreditar formalmente desde su llegada al Gobierno.