La oposición presiona para tratar la extinción de dominio en el Congreso
El gobierno finalmente publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto por el cual entra en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, y crea “una Procuraduría” con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado. La medida recibió las críticas de todo el arco opositor: la jefa del massismo en Diputados, Graciela Camaño, anticipó que impulsarán un nuevo proyecto sobre extinción de dominio en marzo, cuando comience el periodo de sesiones ordinarias. En el PJ pidieron al oficialismo incluir el tema en extraordinarias y acordar un texto. Por otra parte, a pesar de que ya hay un texto que fue modificado por la oposición en el Senado en contra de los deseos del oficialismo, el Ejecutivo afirmó ayer que “si hay consenso” está dispuesto a tratar el tema en el Congreso.
El decreto 62/2019, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del gabinete nacional, crea “una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos” relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado. Entre los “considerando”, recuerda que el proyecto gira hace más de 2 años en el Congreso.
Graciela Camaño fue la autora de la iniciativa base que tuvo media sanción en Diputados en junio del 2016. “En marzo vamos a volver con el proyecto de ley, para que tengamos la posibilidad de tener la ley como corresponde y que no haya cuestionamiento constitucional”, avisó ayer la diputada.
El proyecto recién fue tratado en el Senado el año pasado, y recibió fuertes cambios, acordados entre el PJ y el kirchnerismo. Entonces volvió a Diputados, donde no se avanzó ni en la ratificación del texto original, ni en su sanción con cambios. “Cambiemos tiene la presidencia de las comisiones competentes y la propia Presidencia de la Cámara. Nunca tuvo intenciones que este proyecto saliera”, disparó ayer Camaño.
En paralelo, en la Cámara alta, el senador nacional del PJ por Chubut, Alfredo Luenzo, pidió tratarlo en extraordinarias: “Le pedimos al gobierno que convoque al Congreso para acordar un proyecto con la oposición”, reclamó.
La respuesta la dio el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Si existe un consenso en el Congreso respecto a tratar este tema y tener por ley para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece factible”, dijo. Esto quiere decir, anticipan en Nación, si se usan como base los lineamientos del DNU. “Pero a partir de hoy, la Argentina ya cuenta con una herramienta vigente”, concluyó Frigerio.
Fuente: rionergo argentina
