El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) atraviesa una crisis terminal que lo llevó de tener un superávit de $2.960 millones a fines de 2023 a una deuda que, según distintas estimaciones, oscila entre los $126.000 y los $250.000 millones, afectando prestaciones básicas como cirugías programadas en todo el país.
Documentos oficiales y denuncias reconstruyen un proceso de toma de deuda, contrataciones cuestionadas y un drástico recorte de servicios, que se enmarca en el escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde también aparece involucrada la droguería Suizo Argentina, uno de los proveedores clave de la obra social militar.
Mientras el ministro de Transformación Estatal, Federico Sturzenegger, es señalado por haber desmantelado las auditorías internas que podrían haber prevenido irregularidades, la situación en Iosfa se agrava. El balance oficial al 31 de diciembre de 2023 mostraba un resultado positivo de $2.960.435.984. Sin embargo, en menos de dos años, el escenario colapsó.
La espiral de deuda y los gastos polémicos
En 2024, el Directorio autorizó la gestión de un préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), una operación que contó con la oposición de varios vocales y que, según denuncias, se usó para cancelar deuda previa en lugar de mejoras informáticas.
A marzo de 2025, informes técnicos ya consignaban una deuda reconocida de $126.526 millones, aunque fuentes sindicales la elevan por encima de los $160.000 millones.
Mientras la crisis financiera se traduce en recortes directos a los afiliados, el organismo autorizó una serie de gastos que alimentan la polémica. Expedientes internos revelan compras como:
- 100 medallas protocolares por un total de $3.509.000.
- La reparación de una cafetera por $1.528.000.
- Vales de combustible por $3.000.000.
- El mantenimiento de un compresor por $7.663.391.
Recortes, cirugías suspendidas y crisis de gobernanza
El impacto en los beneficiarios ya es tangible. En Mar del Plata, el prestador local comenzó a reprogramar cirugías, estudios y turnos que no impliquen riesgo de vida, manteniendo solo las urgencias. A esto se suman denuncias por faltante de medicamentos para VIH, diabetes y cáncer, suspensión de reintegros y el vaciamiento de farmacias en delegaciones provinciales.
La crisis de gobernanza es evidente: el instituto tuvo tres presidentes en 18 meses (el mendocino Oscar Sagás, Roberto Fiochi y, desde junio, Betina Surballe). En este marco, el ministro de Defensa, Luis Petri, es señalado como el responsable político. Pese a haberse comprometido a gestionar fondos, las partidas no llegaron a tiempo, agravando la situación.
El caso Iosfa combina así un colapso financiero con una profunda crisis de gestión, donde la priorización de gastos protocolares por sobre las prestaciones médicas deja en evidencia el desmanejo que hoy padecen miles de afiliados.