La Justicia detectó movimientos con criptomonedas en la investigación patrimonial contra Manuel Adorni
La investigación judicial sobre Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la detección de movimientos de fondos vinculados a criptomonedas, un elemento que amplió las sospechas sobre la justificación de su patrimonio y llevó a la fiscalía a profundizar el rastreo de activos digitales. La pesquisa está encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, de su pareja Bettina Angeletti y de las sociedades vinculadas a ambos.
Según trascendió de fuentes judiciales, más de 20 exchanges de criptomonedas —entre ellos Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango— remitieron informes que confirmarían operaciones de ingreso y egreso de activos digitales como Bitcoin, Ethereum y USDT. Aunque la fiscalía todavía no precisó los períodos exactos de las transacciones, el hallazgo abrió una nueva línea de investigación sobre la trazabilidad de fondos y posibles inconsistencias patrimoniales.
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La causa también incorporó pedidos de información a billeteras virtuales y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank y Personal Pay, entre otros. La Justicia solicitó movimientos financieros, registros de operaciones y direcciones IP asociadas tanto a Adorni como a Angeletti y a la firma MasBe, propiedad de la pareja. Toda esa documentación se encuentra bajo análisis en los tribunales de Comodoro Py.
Uno de los principales focos de la investigación apunta a determinar si el nivel de gastos registrados durante los últimos meses se corresponde con los ingresos declarados oficialmente por el funcionario. La última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción consigna un patrimonio de 107,8 millones de pesos, además de una caja de ahorro en Estados Unidos y activos en dólares. Sin embargo, la fiscalía detectó operaciones inmobiliarias, viajes y remodelaciones por montos considerablemente superiores. Entre ellos figuran gastos en vuelos internacionales, hospedajes y una remodelación en una vivienda del country Indio Cuá que, según declaró el contratista Matías Tabar, habría demandado 245 mil dólares en efectivo y sin factura.
De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, en poco más de un año Adorni habría movilizado cerca de 349.640 dólares, una cifra que los investigadores consideran difícil de compatibilizar con sus ingresos como funcionario público y respecto de la cual no aparecen comprobantes completos de bancarización o facturación. Además, la Justicia advirtió que en la declaración jurada correspondiente al cierre fiscal 2024 no figuran activos en criptomonedas, pese a que la normativa obliga a informar este tipo de bienes personales.
Mientras la fiscalía aguarda nuevos datos del Banco Central de la República Argentina y de plataformas financieras para reconstruir el circuito completo de fondos, Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo que “todo quedará clarificado” cuando se publique su declaración jurada correspondiente a 2025. También negó las cifras aportadas por el contratista Tabar y aseguró que “todos los papeles están en orden”. La investigación continúa enfocada en determinar si existió enriquecimiento ilícito y si los bienes, viajes y activos digitales bajo análisis cuentan con respaldo legal y tributario suficiente.
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