Luego del abultado resultado que consiguió el oficialismo para la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto que crea un régimen penal juvenil, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, diseñó una sesión para el próximo jueves que incluye la votación del dictamen firmado en un plenario de comisiones.
El elemento más marketinero de la norma es la baja de la edad de imputabilidad de los actuales 16 a los 14 años de edad, aunque más allá de ese aspecto en el régimen se entrecruzan una cantidad de dimensiones que conjugan una mirada punitivista al aplicar castigos a los menores que infringen la ley, con un enfoque de resocialización.
La Ley Penal Juvenil, que reforma una ley de la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.
Las posturas del Gobierno y de la oposición
La iniciativa va en línea con el espíritu con la frase pronunciada por Bullrich de que frente a un “delito de un adulto, pena de adulto”, y también la consigna del presidente Javier Milei de que el que “las hace las paga”.
La idea es elevar los costos para quienes delinquen, en este caso a los menores de edad, y que tomen consciencia de a qué consecuencias se exponen si siguen el camino del delito.
Según el Gobierno y quiénes apoyan la ley, un menor de 14 años es consciente y comprende la naturaleza de la acción delictiva que está cometiendo y sus efectos, tiene capacidad de discernimiento, por lo que debería ser punible como un adulto.
También hay una narrativa antigarantista con perspectiva de víctima que combate la idea de que hay que considerar a los autores de delitos como víctimas de un sistema social que los excluyó.
Desde la oposición más dura, refractaria a la reforma, señalan que no hay evidencia empírica real en Latinoamérica ni el mundo que respalde la idea de que aplicando más severamente el Código Penal sobre menores bajen los índices de criminalidad o delincuencia.
Brasil, por caso, bajó la edad de imputabilidad a los 12 años y la tasa de homicidios en dicho país, lejos de bajar, trepó a 23.1 cada 100 mil habitantes, un número escalofriante desde todo punto de vista.
Por otro lado, Argentina, que tiene la imputabilidad desde los 16 años, registra una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, siendo la más baja de todo Latinoamérica.
La oposición sostiene que el problema de la criminalidad juvenil es estructural y obedece a una matriz histórica de exclusión social que deja a la deriva a miles de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y son empujados al delito por desesperación y falta de oportunidades.