Este sábado, el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes votadas por el Congreso que establecían aumentos para jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas a comienzos de julio por el Senado y contaban con un fuerte respaldo parlamentario, pero el Ejecutivo decidió rechazarlas por considerarlas incompatibles con su plan económico.
Los decretos serán publicados en el Boletín Oficial este lunes, dentro de los plazos legales. De esta manera, el Gobierno bloquea el avance de dos iniciativas que habían sido impulsadas por la oposición en respuesta a los recortes presupuestarios que afectaron especialmente a los adultos mayores y a personas con discapacidad.
El Ejecutivo considera que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” y que comprometen la meta de déficit cero. Sin embargo, detrás de la decisión también hay una maniobra política: el rechazo no se firmó inmediatamente para evitar que el debate vuelva de forma rápida al Congreso, donde la oposición podría intentar insistir con los proyectos si reúne los dos tercios necesarios.
En paralelo, la Casa Rosada mantiene negociaciones con gobernadores y bloques aliados para blindar sus votos y frenar cualquier intento de insistencia. En esos intercambios, el oficialismo ofrece herramientas como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La ley de aumento a jubilaciones había generado preocupación dentro del Gobierno por su posible impacto fiscal, mientras que la norma sobre discapacidad buscaba garantizar la continuidad de prestaciones básicas, transporte y atención integral ante la falta de pagos registrados en los últimos meses.
Aunque no serán tratadas en la sesión especial convocada para el próximo miércoles, la oposición no descarta volver a la carga más adelante. El veto a ambas leyes se suma así a una larga lista de tensiones entre el Gobierno y el Congreso, y anticipa un nuevo capítulo de confrontación política.