El Gobierno nacional avanza en la implementación de la reforma de Código Penal, una temática que la administración libertaria quiere tratar en sesiones extraordinarias. Los principales puntos fueron presentados a comienzos de octubre y, ahora, se dio a conocer la novedad de que se incluiría que los casos de corrupción se declaren imprescriptibles.
Más allá de los principales puntos de la reforma -como el endurecimiento de penas o algunos cambios en la tipificación- la imprescriptibilidad en el ámbito de la corrupción fue diseñada por un grupo de juristas y magistrados, a través de la coordinación del juez Mariano Borinsky.
A su vez, participaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a su equipo, y la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según consignó LA NACIÓN, se trata de un cambio introducido en las últimas horas. Ocurre que los delitos proscriben cuando transcurre un plazo igual a la pena máxima para el delito correspondiente sin una sentencia firme y desde el momento en el que se cometió el hecho delictivo. No obstante, existen otros delitos que son imprescriptibles, tales como lesa humanidad o atentados contra la democracia.
Esta reforma ideada por el gobierno de Javier Milei no será retroactiva. Es decir, no aplicará para casos previos, sino para nuevos hechos de corrupción una vez que esté sancionada la ley en el Congreso y luego promulgada.
La reforma del Código Penal
Para recapitular, la reforma del Código Penal propone, entre otros puntos, aumentar las condenas para el homicidio simple y los homicidios agravados de 10 a 30 años. También establece sanciones más severas para la portación ilegal de armas de fuego, que dejaría de ser un delito excarcelable, y prevé agravantes cuando el portador tenga antecedentes o se trate de armas blancas.
En materia de delitos contra la propiedad, se busca elevar las penas por hurto y robo. El proyecto plantea penas de 3 a 12 años para los casos de hurto y cuando se trate del robo de pertenencias personales o dispositivos como teléfonos celulares.
El texto también introduce cambios en relación con las usurpaciones: se prevé la restitución inmediata de los inmuebles a sus propietarios, con procedimientos más ágiles para recuperar la posesión.
Asimismo, se incorpora por primera vez en el Código Penal la figura de las denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales o conflictos familiares, como aquellos que afectan los regímenes de contacto con hijos.
Por último, el proyecto incluye un incremento general de las penas para los delitos complejos, entre ellos el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil.