El reloj corre para la Casa Rosada. En un giro de estrategia política, el presidente Javier Milei ha fijado el 1 de marzo como la fecha límite para que la reforma laboral sea ley. El objetivo es llegar a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso con el paquete de “modernización” ya sancionado, utilizándolo como el gran triunfo de su gestión ante la Asamblea Legislativa.
Para lograrlo, el Ejecutivo ha comenzado a abrir canales de negociación con los bloques dialoguistas del Congreso, aceptando discutir puntos sensibles pero manteniendo la esencia del proyecto que busca reducir la litigiosidad y los costos de contratación.
La batalla por el 1 de marzo
El Gobierno sabe que el tiempo es su mayor enemigo. Con el apoyo de sectores empresariales y la resistencia férrea de la CGT —que ya ha judicializado varios puntos por considerarlos inconstitucionales—, la estrategia de Milei consiste en polarizar con la “industria del juicio”.
“Necesitamos terminar con los caranchos laboralistas que llevan a las PyMEs a la quiebra”, ha repetido el mandatario, justificando la urgencia de sancionar la ley en sesiones extraordinarias este mismo mes de febrero.
El oficialismo cuenta en el Senado con 21 senadores que le responden, pero necesita pasar el umbral de los 37 para conseguir el quórum y la mayoría. En el Gobierno consideran que tener la ley en febrero sería una muestra de “gobernabilidad importante”. Patricia Bullrich ya adelantó que el texto final de la norma se conocerá este miércoles.
El rol de la Justicia y el Congreso
Mientras el oficialismo confía en que la Corte Suprema zanjara las disputas legales sobre el derecho a huelga (el proyecto busca declarar “servicio esencial” a más de 30 actividades, limitando paros), en el Congreso la moneda está en el aire. La negociación se centra ahora en los 15 senadores “indecisos” que tienen en sus manos la posibilidad de darle a Milei su victoria más buscada antes de que termine el verano.
¿Qué cambia para el trabajador? Los puntos principales
El proyecto impulsado por Milei introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que cambiarían la dinámica diaria de millones de argentinos:
- Fondo de Cese Laboral (FAL): se propone un sistema alternativo a la indemnización tradicional por despido. Se financiaría con un aporte obligatorio del 3% del salario a cargo del empleador, funcionando como un seguro de desempleo privado.
- Banco de Horas: permite que empresas y empleados acuerden jornadas de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extras tradicionales, siempre que se compensen con francos en otros momentos o jornadas más cortas, respetando los descansos mínimos.
- Salarios “Dinámicos”: habilita el pago de remuneraciones en moneda extranjera y elimina los topes para pagos en especie, alimentos o vivienda, que actualmente no pueden superar el 20% del total.
- Vacaciones Flexibles: las partes podrán acordar el fraccionamiento de la licencia anual (mínimo de 7 días) y el goce de las mismas fuera del periodo legal (octubre a abril).
Con información de Clarín y La Nación.