El Gobierno de Francia anunció este miércoles una nueva restricción a la importación de productos agrícolas tratados con pesticidas y fungicidas prohibidos en la Unión Europea, una decisión que afecta de manera directa a exportaciones provenientes de Sudamérica.
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial francés y entrará en vigencia a partir del jueves 8 de enero, con una duración inicial de hasta un año.
Según el texto oficial, París suspenderá el ingreso de frutas y verduras tratadas con cinco sustancias químicas cuyo uso está vetado dentro del bloque europeo, mientras aguarda que la Comisión Europea adopte medidas comunes en la materia. La decisión introduce un nuevo factor de tensión en el comercio agroalimentario internacional y se produce en un contexto marcado por el debate en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Qué productos y sustancias quedan alcanzados
El decreto identifica cinco fungicidas y herbicidas que serán motivo de restricción: mancozeb, tiofanato-metil, glufosinato, carbendazim y benomyl. Se trata de químicos utilizados de forma extendida en el tratamiento poscosecha y en la producción agrícola de frutas, hortalizas y cereales destinados a mercados internacionales.
Entre los productos más afectados se encuentran paltas, mangos, guayabas, uvas, cítricos, frutillas, melones, tomates y papas, además de algunos cultivos extensivos como soja y avena. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura francés, el perfil de estos alimentos hace que el impacto recaiga “principalmente en Sudamérica”, una de las principales regiones exportadoras de este tipo de frutas hacia Europa.
No obstante, el Gobierno galo aclaró que la medida no está dirigida contra un país o región en particular, sino que se aplicará a cualquier producto importado que contenga residuos de las sustancias prohibidas, independientemente de su origen.
De acuerdo al decreto, las empresas importadoras deberán garantizar controles exhaustivos para certificar que los productos no contienen restos de los agroquímicos vetados. Además, se fijó un plazo de liquidación de existencias de hasta un mes desde la entrada en vigor de la normativa, con el objetivo de permitir una transición ordenada para los operadores comerciales.
Desde París sostienen que la decisión responde a un criterio de coherencia regulatoria, evitando que ingresen al mercado francés alimentos tratados con sustancias prohibidas para los propios productores europeos. Esta lógica, conocida como “cláusulas espejo”, es uno de los ejes centrales de la política agrícola francesa en los últimos años.
Para los países sudamericanos, la medida representa todo un desafío para sus exportaciones agrícolas, especialmente en segmentos de alto valor como frutas frescas y productos tropicales. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -integrantes del Mercosur- figuran entre los principales proveedores de alimentos al mercado europeo y utilizan algunos de los químicos ahora cuestionados bajo normativas locales vigentes.
La decisión francesa se produce, además, en un momento políticamente sensible. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, tiene previsto reunirse en Bruselas con sus pares europeos para analizar el alcance del decreto y discutir el futuro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un tratado largamente negociado y resistido por Francia.
El trasfondo político y ambiental
Francia es uno de los principales detractores del acuerdo UE–Mercosur, argumentando que genera una competencia desleal para los agricultores europeos y que no garantiza estándares ambientales equivalentes. En ese marco, la restricción a productos tratados con pesticidas prohibidos se inscribe en una estrategia más amplia de defensa del modelo agrícola europeo y de fortalecimiento de los criterios sanitarios y ambientales.
En ese sentido, insisten en que la medida busca proteger la salud pública y el ambiente, alineando las importaciones con las exigencias que ya rigen para la producción interna. Sin embargo, desde el sector exportador sudamericano advierten que este tipo de decisiones puede convertirse en una barrera paraarancelaria que complique el acceso a mercados clave.
Con información de Deutsche Welle.
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