El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, con la expectativa de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. La decisión forma parte de la estrategia oficial para frenar la aplicación de la norma mientras se define su constitucionalidad.
Si el tribunal acepta el planteo, el expediente será elevado al máximo tribunal. En caso contrario, el oficialismo no descarta avanzar con un recurso en queja para insistir con su postura.
Dentro del Ejecutivo conviven dos líneas de acción frente a este escenario. Por un lado, la intención de no transferir fondos a las universidades hasta que haya una definición judicial. Según argumentan, la ley sancionada es inconstitucional porque no establece de dónde provienen los recursos para su financiamiento.
Por otro lado, en la Casa Rosada reconocen el impacto económico que implicaría su aplicación. Estiman que el costo alcanzaría los 2,5 billones de pesos, aunque relativizan sus efectos sobre las cuentas públicas. “No hay escenario de déficit, hay que ver de dónde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública o en fondos para las provincias”, sostienen desde el entorno presidencial.
En paralelo, el oficialismo anticipó que buscará impulsar una nueva ley, aunque todavía no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con esa iniciativa.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten sobre el deterioro del financiamiento del sistema. Según datos del organismo, las transferencias a las universidades públicas registran una caída del 45,6% desde 2023 hasta la actualidad.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, señaló que el panorama es cada vez más complejo y calificó la situación como “extremadamente crítica”. Además, advirtió que, si no hay respuestas oficiales y no se cumple la ley, podrían volver a convocar a la sociedad en defensa del sistema universitario.