El escándalo por el fentanilo contaminado ha tomado un lugar central en la agenda del Congreso, superando incluso otras controversias como la de los audios de Diego Spagnuolo. Con un balance trágico de 96 muertes y más de 45,000 ampollas contaminadas, la crisis ha puesto en evidencia un “fracaso estructural” en el control de medicamentos en Argentina, según legisladores de diversas bancadas.
El caso no solo es investigado por la justicia, sino que también ha generado una fuerte reacción en el poder legislativo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá responder preguntas sobre el tema cuando se presente a dar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. La Comisión de Acción Social y Salud Pública ya ha enviado una batería de preguntas al Ejecutivo, reflejando la urgencia del tema.
En el ámbito judicial, el juez Ernesto Kreplak ha avanzado con la causa, ordenando la detención de varios implicados, incluido Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HBL Pharma. La investigación busca desentrañar la red de responsabilidad detrás de la distribución de las partidas contaminadas.
La diputada Silvana Giudici (PRO) ha sido una de las voces más activas en el tema, promoviendo desde mayo la creación de una comisión investigadora específica para el caso. Junto a 65 legisladores de distintas fuerzas, han presentado un proyecto para formar una comisión bicameral, lo que permitiría a diputados y senadores trabajar en conjunto. El objetivo es investigar las causas y responsabilidades por el suministro de fentanilo contaminado, que afectó a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otras jurisdicciones.
Esta comisión, que tendría plenas facultades para citar testigos y pedir documentación, se enfocaría en un plazo de 90 días en tres puntos clave:
- Determinar las responsabilidades en la cadena de suministro.
- Investigar la producción y comercialización de los laboratorios implicados, HBL Pharma y Ramallo, así como las droguerías y establecimientos sanitarios.
- Analizar las condiciones de habilitación y control de los laboratorios proveedores, buscando las fallas en la supervisión estatal.
La legisladora Mónica Fein (Partido Socialista) calificó la tragedia como “inaceptable y prevenible”, y subrayó que expone la debilidad del sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo en el país. El debate se intensificará este martes, cuando los autores del proyecto expongan sus argumentos ante la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento, en busca de dar una respuesta institucional a esta grave crisis de salud pública.
Con información de TN.