El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma de la Ley de Modernización Laboral con el que busca introduceir un rediseño de gran alcance sobre el régimen laboral argentino, con cambios que atraviesan la Ley de Contrato de Trabajo, la negociación colectiva, la actividad sindical y los regímenes de formalización.
La propuesta será una de las más importantes que se tratarán durante el periodo de sesiones extraordinarias y marcará el inicio de gestión de un Parlamento donde por primera vez desde el comienzo del Gobierno libertario, el oficialismo es la primera fuerza
El texto busca acotar la presunción de laboralidad, redefinir responsabilidades empresarias y ampliar las opciones de contratación, al tiempo que incorpora nuevos esquemas indemnizatorios y fondos de asistencia financiados por contribuciones patronales.
Las modificaciones proponen excluir de la órbita de la LCT a contrataciones de obra, servicios profesionales e independientes, incluidas las plataformas digitales, con un criterio que desplaza la presunción de relación laboral cuando existan facturación o sistemas bancarios de pago.
También introduce un sistema de responsabilidad acotada en casos de subcontratación, que libera al principal si acredita controles documentales. En materia remunerativa, se amplía el listado de beneficios sociales no remunerativos y se establecen criterios más restrictivos para la integración de variables en la base indemnizatoria, junto con la creación de un Fondo de Asistencia Laboral alimentado por un aporte del 3% de las remuneraciones.
El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma de la Ley de Modernización Laboral con el que busca introduceir un rediseño de gran alcance sobre el régimen laboral argentino, con cambios que atraviesan la Ley de Contrato de…
En el plano colectivo, la iniciativa redefine la ultraactividad de los convenios y otorga jerarquía superior a los acuerdos de empresa por sobre los de ámbito mayor, imponiendo límites a la interpretación extensiva de los convenios colectivos.
También incorpora restricciones operativas a las asambleas sindicales y tipifica como infracciones muy graves los bloqueos, tomas de establecimientos o impedimentos al trabajo. En paralelo, revisa la tutela sindical, que dejará de proteger a postulantes no oficializados o con bajo caudal de votos, y sujeta la retención de cuotas a la conformidad expresa del trabajador.
La reforma introduce además un nuevo régimen para repartidores y trabajadores de plataformas, que los reconoce como independientes, con plena libertad operativa y obligación de cumplir con sus aportes y seguros. En términos de políticas de empleo, se crean programas de incentivo a la registración laboral, condonación de deudas y beneficios tributarios para inversiones productivas, con rebajas de contribuciones patronales y amortización acelerada en Ganancias.
El conjunto de medidas apunta a consolidar un esquema más flexible, con mayor peso de la negociación de menor escala y mecanismos alternativos a la indemnización tradicional, en un intento de atraer inversiones y formalizar el empleo.
