Un privado de la libertad, que está alojado en la comisaría Tercera de fontana, fue denunciado por su expareja por amenazas de muerte.
Con el polémico debate por la ley sancionada por la Cámara de Diputados del Chaco, que limita el uso de los celulares en las cárceles y comisarías, un detenido en la Tercera de Fontana habría amenazado de muerte a una expareja, según pudo confirmar NORTE.
El pasado miércoles 5 de abril, la Cámara de Diputados de Chaco aprobó un proyecto de ley que limita el uso de celulares en las cárceles de la provincia. La resolución contó con 23 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones. La ley busca establecer una limitación del acceso a Internet y aparatos electrónicos como celulares, para reducir los ilícitos que se realizan desde las entidades penitenciarias.
Este domingo una mujer de 23 años que reside en el barrio Querini, en Fontana, debió concurrir hasta la Comisaría Tercera para denunciar el permanente hostigamiento que estaría sufriendo a través de la cuenta social Facebook.
La denunciante acusó a su expareja que está detenido en esa misma comisaría por la presunta infracción a la ley 23.737, que es por narcotráfico. Según fuentes, el sujeto fue identificado por la víctima como Diego Alfredo Alderete, de 42 años, el cual está alojado en esa unidad desde el 9 de enero de 2023.
La joven denunció que su expareja la amenazó de muerte y apuntó contra la actual pareja del detenido. Un muchacho de 21 también fortaleció la presentación policial.
En el caso interviene la fiscal de género en turno, quien ordenó que el individuo que está preso sea notificado de la aprehensión por ese incidente y se le secuestre el celular. Además, fue notificada la fiscalía especial de Derechos Humanos.
QUÉ DICE LA NUEVA LEY
La nueva ley actualiza la resolución 676 del Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco, la cual establecía un protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de su libertad. En el documento manifestaba que ‘toda persona que ingrese en cualquiera de las dependencias policiales o establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial y cuente con un teléfono celular deberá declararlo ante el personal a cargo de su recepción‘.
Además, agregaba que ‘la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil dará lugar a la incautación del mismo y al labrado de las actuaciones y/o denuncias penales correspondientes‘.