El Gobierno nacional, a través de la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, resolvió ajustar la alícuota de contribuciones sociales aplicadas a la actividad futbolística al 13,06% y añadir un recargo transitorio del 5,56% durante 12 meses, con el objetivo de recuperar un déficit previsional millonario generado en el último año.
La medida se publica en un contexto tenso entre el Ejecutivo y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la suspensión judicial del Decreto N° 939/2024, que buscaba derogar un régimen especial implementado en 2003 y actualizado por el Decreto 510/2023. Dicho régimen permitía a los clubes reemplazar los aportes jubilatorios tradicionales por un porcentaje sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación.
Según el Gobierno, esta excepción convirtió al sistema en “deficitario”, trasladando el costo a los jubilados. “En 2024, las ventas de jugadores argentinos generaron US$ 324 millones, pero el sistema previsional que debería recibir sus aportes es subsidiado por los propios jubilados“, denunció Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El régimen especial fue instaurado en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y, desde entonces, ha ido variando su tasa de contribución. En una publicación en la red social X (ex Twitter), Sturzenegger recordó que el sistema arrancó con una alícuota del 2%, luego pasó al 6,5%, luego al 6,75%, y finalmente al 7,5% en 2023 bajo la gestión de Sergio Massa.
Sin embargo, afirmó que el desequilibrio persistió. “Solo entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el déficit acumulado fue de $7.000 millones. Esto ocurre porque los clubes han ampliado actividades exentas y evadido pagos con maniobras como la venta de ‘abonos’ en lugar de entradas”, explicó el funcionario.
También comparó el impacto del sistema especial frente al régimen general: “Para clubes como Vélez o River, volver al régimen común implicaría pagar 22 a 26 veces más en aportes. Hoy, con cientos de empleados, pagan menos de lo que debería un colegio privado”, denunció.
En abril de este año, el Gobierno intentó eliminar el régimen con el Decreto 939/24, que planteaba su finalización tras seis meses sin lograr consensuar un nuevo sistema no deficitario. Sin embargo, la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que suspendió el decreto y restableció la vigencia del régimen especial.
“La casta, y la plata fácil, no se entrega fácil, y en su resistencia encuentra en la justicia un socio útil y eficaz”, escribió Sturzenegger, al criticar duramente la decisión judicial que “favorece a un grupo privilegiado en detrimento del conjunto de los argentinos”.
Frente a esta judicialización y la continuidad del régimen de 2023, el Gobierno reaccionó mediante la Disposición 16/2025, que incrementa la alícuota al 13,06% e impone un recargo adicional del 5,56% por 12 meses, lo que equivale a un total transitorio del 18,62%. El objetivo es equilibrar el sistema y recuperar el déficit acumulado.
“La fórmula típica de la casta sindical y empresaria es distribuir costos invisibles para financiar beneficios concentrados. Vinimos a terminar con eso”, concluyó Sturzenegger.