Las empresas de apuestas online presionan para que la regulación que discute el Senado se enfoque en los operadores ilegales y no imponga mayores restricciones a las firmas habilitadas.
La discusión enfrenta dos criterios regulatorios: endurecer las reglas para todo el mercado o concentrar la respuesta estatal sobre las plataformas sin autorización.
En ese marco, el sector busca que el Congreso priorice la persecución de la oferta ilegal y rechaza que nuevas obligaciones recaigan sobre empresas que operan con licencia.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo propone penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales con conocimiento de la ilegalidad.
La iniciativa oficial también prevé el bloqueo de dominios y restricciones a las operaciones financieras de plataformas sin habilitación.
A diferencia de la media sanción aprobada por Diputados en 2024, el texto del Gobierno se concentra en impedir el acceso de menores y en limitar la publicidad dirigida a ese público o asociada al éxito económico, laboral o social, pero no establece una prohibición general de anuncios ni de patrocinios deportivos.
La media sanción de Diputados, que vence este año, suma restricciones más amplias sobre publicidad, promoción y patrocinio, además de mecanismos de verificación de identidad, un régimen de autoexclusión y límites a los medios de pago utilizados para apostar.
En el oficialismo advierten sobre el peso de la informalidad en el mercado y la dificultad para hacer cumplir una regulación sobre actores sin licencia. En ese marco, mencionaron que el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales, aunque esa cifra, su universo y su metodología requieren corroboración antes de ser tomada como dato consolidado.
La disputa también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Fuerza Patria, impulsan un proyecto con mayores exigencias para el sector.
La iniciativa incluye la eliminación de bonos de bienvenida y programas de fidelización, herramientas para bloquear sitios ilegales, un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas para políticas de salud mental y un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales. (con información de NA)