El Senado volvió a marcarle la cancha al oficialismo y este miércoles aprobó, con una mayoría holgada, la ley que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. La iniciativa consiguió 58 votos afirmativos, 10 en contra y tres abstenciones -las de Andrea Cristina y Victoria Huala (PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas)- y se perfila ahora para un inminente veto presidencial.
El proyecto establece que, a partir del 1° de enero de 2025, los gastos de funcionamiento de las casas de estudio se actualizarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunda el Indec. Para este año, en tanto, prevé incrementos bimestrales.
Uno de los puntos más relevantes es la garantía de recomposición salarial para docentes y no docentes: la norma obliga al Ejecutivo a reconocer un aumento equivalente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley. Además, cada suba deberá ser remunerativa y bonificable.
El texto también dispone la convocatoria a paritarias obligatorias con una periodicidad máxima de tres meses, asegurando que las actualizaciones mensuales nunca sean inferiores a la inflación medida oficialmente.
Con la sanción de esta ley, la oposición apunta a blindar financieramente a las universidades frente al ajuste presupuestario del Gobierno. Sin embargo, desde la Casa Rosada ya anticiparon que Milei utilizará la herramienta del veto. En ese caso, el Congreso podría insistir con la norma, aunque necesitaría reunir nuevamente dos tercios de los votos en ambas Cámaras.
El debate, que había ingresado al recinto con resultado cantado, se convirtió en una nueva derrota parlamentaria para el oficialismo, que ayer solo pudo sostener el veto al aumento de las jubilaciones.