A una década del inicio del juicio por la expropiación de YPF, el litigio que enfrenta a la Argentina con el fondo Burford Capital entra en una fase decisiva en los tribunales de Nueva York.
El caso, a cargo de la jueza Loretta Preska, ya dejó un fallo en primera instancia que condena al país a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se estatizó la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con intereses acumulados, la deuda asciende hoy a unos USD 18.000 millones, una cifra que el Gobierno considera imposible de afrontar.
Mientras la apelación al fallo principal recién tendrá su primera audiencia a fines de octubre, Burford intensifica la presión para que Argentina se siente a negociar. El fondo, que adquirió los derechos de litigio y cotiza en Londres y Wall Street, busca demostrar que YPF y el Estado son “alter ego”, es decir, que no hay independencia entre la empresa y el poder político. Esa estrategia incluye pedidos de acceso a correos y documentos de exministros de Economía como Sergio Massa y Luis Caputo.
La tensión inmediata gira en torno a la orden de Preska para que Argentina entregue acciones de YPF como garantía. El país solicitó suspender esa medida hasta que se resuelva la apelación, sin ofrecer garantías alternativas, algo que Burford rechaza.
El martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito podría definir entre tres caminos: mantener la orden de entrega sin suspensión, conceder una suspensión con otras garantías o acceder plenamente al pedido argentino. Si se opta por las primeras dos, el Gobierno anticipa que acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos, aun cuando se trata de un asunto administrativo que rara vez es revisado por el máximo tribunal.
El riesgo de un fallo adverso incluye la posibilidad de que Argentina sea declarada en desacato, con consecuencias que van desde multas millonarias hasta trabas para emitir deuda o afectar su imagen frente a inversores internacionales. El antecedente de 2014, cuando el juez Thomas Griesa aplicó sanciones diarias en el conflicto con fondos buitre, sirve de advertencia. En este contexto, Burford mantiene un hermetismo absoluto sobre su estrategia, pero no descarta medidas adicionales para forzar un acuerdo.
En la Procuración del Tesoro, ahora bajo la conducción de Santiago Castro Videla, aseguran que el país agotará todas las instancias judiciales antes de negociar. Sin embargo, voces cercanas al caso advierten que el tiempo juega en contra: cada día que pasa, los intereses siguen sumando y la cuenta por la expropiación de YPF se convierte en una de las deudas más costosas y complejas en la historia jurídica de Argentina.