El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia señaló que las medidas cautelares que frenan los pases a planta se remiten a concursos cerrados derivados de una serie de Decretos firmados en el 2023. Fueron dictados a partir de una denuncia realizada por dos particulares.
El juez Orlando Beiranavicius, del Juzgado Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia que ayer hizo lugar a medidas cautelares que frenaron los pases planta de la administración pública explicó detalles de estas medidas que fueron dictadas a partir de una denuncia realizada por dos personas particulares.
En declaraciones a Chaco TV, el juez Beiranavicius dijo: “Para aclarar, quiero mencionar que estamos tratando con dos expedientes diferentes. En este momento, estos procesos de amparo aún están en trámite. Hasta ahora, se han emitido Resoluciones, una en cada expediente, que se consideran como medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen la finalidad de suspender temporalmente los efectos de las acciones que están siendo impugnadas. En ambos casos, se está cuestionando la constitucionalidad y la efectividad de algunos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, que establecieron concursos cerrados basados en méritos y antecedentes”.
El juez señaló que estas medidas cautelares suspenden la implementación de estos concursos hasta que se resuelva la cuestión de fondo o los procesos de amparo en curso.
El juez Beiranavicius explicó que “estas medidas cautelares alcanzan y suspende los efectos del decreto Nº 2656 del año 2023, mientras que la otra medida cautelar, que no tengo a mano debido a la cantidad de números involucrados, suspende los efectos del Decreto Nº 1453 del 2023, el Decreto Nº 2118 del 2023 y el Decreto Nº 2244 del año 2023, junto con sus respectivos anexos reglamentarios”.
Según consta en el expediente estos decretos fueron firmados en diferente momentos a lo largo del 2023, algunos al principio del año, otros a mediados de año y algunos en agosto y septiembre.
El juez reiteró que las denuncias sobre las que se basa la medida judicial fueron presentadas por dos personas individuales que han sido afectadas por estos decretos. “Cada uno de ellos se ha sentido perjudicado por los decretos que establecen concursos cerrados únicamente para quienes actualmente tienen contratos en la Administración Pública Provincial. Argumentan que esto va en contra de una ley que estipula que los concursos para ingresar a la Administración Pública Provincial deben ser abiertos y basados en méritos y antecedentes”, dijo el magistrado.
En cuanto al desarrollo del proceso judicial el juez señaló que hasta el momento, “las medidas cautelares sólo han suspendido temporalmente los efectos de los concursos para evitar que se generen derechos adquiridos mientras se resuelve la causa principal, que son los procesos de amparo”.
En este contexto aseguró que “tanto el Ejecutivo Provincial como la Fiscalía de Estado han sido notificadas y se les ha concedido la oportunidad de presentar los informes correspondientes, lo que equivaldría a una especie de respuesta a las demandas. Después de este paso, se analizará la necesidad de llevar a cabo pruebas adicionales y, finalmente, se dictará una sentencia definitiva.”
Cabe aclarar que estas medidas cautelares no se vinculan al concurso abierto y al proceso de regularización laboral que fue acordado con los tres gremios estatales de la provincia del Chaco, sino que se remiten a concursos cerrados derivados de decretos específicos.
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El juez Orlando Beiranavicius, del Juzgado Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia que ayer hizo lugar a medidas cautelares que frenaron los pases planta de la administración pública explicó detalles de estas medidas que fueron dictadas a partir de una denuncia realizada por dos personas particulares.
En declaraciones a Chaco TV, el juez Beiranavicius dijo: “Para aclarar, quiero mencionar que estamos tratando con dos expedientes diferentes. En este momento, estos procesos de amparo aún están en trámite. Hasta ahora, se han emitido Resoluciones, una en cada expediente, que se consideran como medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen la finalidad de suspender temporalmente los efectos de las acciones que están siendo impugnadas. En ambos casos, se está cuestionando la constitucionalidad y la efectividad de algunos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, que establecieron concursos cerrados basados en méritos y antecedentes”.
El juez señaló que estas medidas cautelares suspenden la implementación de estos concursos hasta que se resuelva la cuestión de fondo o los procesos de amparo en curso.
El juez Beiranavicius explicó que “estas medidas cautelares alcanzan y suspende los efectos del decreto Nº 2656 del año 2023, mientras que la otra medida cautelar, que no tengo a mano debido a la cantidad de números involucrados, suspende los efectos del Decreto Nº 1453 del 2023, el Decreto Nº 2118 del 2023 y el Decreto Nº 2244 del año 2023, junto con sus respectivos anexos reglamentarios”.
Según consta en el expediente estos decretos fueron firmados en diferente momentos a lo largo del 2023, algunos al principio del año, otros a mediados de año y algunos en agosto y septiembre.
El juez reiteró que las denuncias sobre las que se basa la medida judicial fueron presentadas por dos personas individuales que han sido afectadas por estos decretos. “Cada uno de ellos se ha sentido perjudicado por los decretos que establecen concursos cerrados únicamente para quienes actualmente tienen contratos en la Administración Pública Provincial. Argumentan que esto va en contra de una ley que estipula que los concursos para ingresar a la Administración Pública Provincial deben ser abiertos y basados en méritos y antecedentes”, dijo el magistrado.
En cuanto al desarrollo del proceso judicial el juez señaló que hasta el momento, “las medidas cautelares sólo han suspendido temporalmente los efectos de los concursos para evitar que se generen derechos adquiridos mientras se resuelve la causa principal, que son los procesos de amparo”.
En este contexto aseguró que “tanto el Ejecutivo Provincial como la Fiscalía de Estado han sido notificadas y se les ha concedido la oportunidad de presentar los informes correspondientes, lo que equivaldría a una especie de respuesta a las demandas. Después de este paso, se analizará la necesidad de llevar a cabo pruebas adicionales y, finalmente, se dictará una sentencia definitiva.”
Cabe aclarar que estas medidas cautelares no se vinculan al concurso abierto y al proceso de regularización laboral que fue acordado con los tres gremios estatales de la provincia del Chaco, sino que se remiten a concursos cerrados derivados de decretos específicos.
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