El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.804, que introduce modificaciones al régimen de protección de glaciares vigente desde 2010. La medida fue oficializada a través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial y redefine el alcance de la normativa ambiental sobre cuerpos de hielo y zonas periglaciares en el país.
La reforma mantiene a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, pero incorpora un enfoque con mayor peso del federalismo. En ese marco, se establece que la protección estricta alcanzará únicamente a aquellos glaciares y geoformas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobada, lo que habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en áreas que anteriormente estaban bajo restricciones generales.
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Uno de los cambios centrales es el rol que asumen las provincias, que pasarán a ser las encargadas de evaluar y determinar, a partir de estudios técnicos, qué zonas deben preservarse y cuáles pueden destinarse a explotación económica. La modificación responde a planteos de distritos con fuerte desarrollo minero y redefine el equilibrio entre protección ambiental y uso de recursos naturales.
El nuevo esquema también reemplaza el sistema de prohibiciones generales por un modelo basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, que deberán contar con la aprobación de las autoridades jurisdiccionales. En paralelo, se mantiene el inventario nacional de glaciares bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, aunque con un rol técnico sin capacidad de condicionar decisiones provinciales.
La ley incorpora el principio precautorio, por el cual todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta que estudios científicos determinen lo contrario. Además, exige evaluaciones ambientales previas para cualquier actividad y contempla instancias de participación ciudadana. La iniciativa había sido aprobada por el Congreso el 9 de abril en una sesión con fuerte polarización, y desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo marco busca compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo