La medida regirá por un año. También implica un abordaje de las acciones violentas y problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.
Como parte del Plan de Seguridad “Escuchar para hacer”, el gobernador Jorge Capitanich firmó el decreto provincial N°2076, que oficializa la emergencia en materia de seguridad pública y penitenciaria en todo el territorio de la provincia del Chaco por el plazo de un año.
“Como encargados de la elaboración de las políticas públicas de seguridad, reconocemos que se deben pensar estrategias para atender de manera urgente las diferentes demandas y necesidades de los chaqueños y las chaqueñas, con la convicción de que las políticas públicas bien elaboradas y coherentes con el contexto sociopolítico garanticen derechos, fortalezcan a las instituciones y llevan a la ciudadanía soluciones concretas y eficaces”, aseguró Capitanich.
La medida tiene como objetivo primordial atender las demandas de seguridad pública y del sistema penitenciario provincial a los fines brindar seguridad a la población, garantizar la protección integral de la vida y resguardar los bienes públicos y privados. También se realizará un abordaje de las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.
La autoridad de aplicación de la medida será el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Gloria Zalazar, que tendrá las facultades de aplicar un “Plan de Contingencia” con paradas seguras de colectivos, las cuales poseen un botón antipánico que se conecta con el servicio 911.
Esto implica el fortalecimiento del sistema de videovigilancia a través de la incorporación 300 cámaras de seguridad para totalizar 1.500 de carácter público, las que junto a la incorporación de 2.000 cámaras privadas que visibilicen espacios públicos, permitirán alcanzar una meta de 3.500 artefactos en funcionamiento. Este plan tiene el objetivo de detectar, bloquear, esclarecer delitos e infracciones, identificar personas sospechosas o desaparecidas e incrementar el nivel de protección de ciudadanos y ciudadanas.
Asimismo, se generarán obras para crear 850 nuevos cupos para alojamiento en el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, y se implementará el Programa de capacitación continua para los agentes de Policía y del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.
Prevención y combate al delito
El decreto provincial impulsa una serie de medidas para combatir el funcionamiento de los mercados ilegales, a fin de fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico, que atraviesan el sistema financiero.
Por otra parte, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, fortalecerá las acciones para la persecución de todas las actividades ilícitas relacionadas con las armas de fuego y municiones como medida para la reducción de todo tipo de violencia. Esto incluye operativos de verificación de titularidad de motovehículos en las calles de la provincia a través de postas realizadas por la Policía Caminera.
Asimismo, a partir del 1 de agosto, será obligatorio cumplir con la validación de identidad través de la plataforma “Tu Gobierno Digital” para la realización de denuncias por delitos, lo que permitirá una verificación fehaciente de la identidad quien haga la denuncia a los fines de su derivación inmediata para intervención del Ministerio Publico Fiscal en forma coordinada con las unidades policiales dispuestas de acuerdo a la cuadrícula correspondiente.
Esta medida se complementará con los sistemas de recepción de denuncias actualmente vigentes en comisarías, servicio de emergencias 911 y aplicación de denuncias digitales.
Además, se trazará un sistema de “corredores seguros” viales entre las que se incluyen la zonas escolares, gastronómicas, turísticas y hoteleras, espacios de recreación y deportivos, con recorridas de móviles policiales.
En ese sentido, el decreto también garantiza la provisión del combustible necesario para las fuerzas de seguridad para cubrir los operativos extraordinarios que puedan derivar de la situación de emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario y de equipamiento para capacitación del personal a cargo de los grupos especiales y operativos.
Considerando a la seguridad como un fenómeno multicausal y que debe ser trabajado desde la prevención y con impronta comunitaria y social, el decreto establece que a través de las jurisdicciones correspondientes se diseñarán y ejecutarán políticas interministeriales y municipales para el fortalecimiento de la seguridad pública desde una perspectiva integral, social e inclusiva.
Esto implica el trabajo conjunto con otras áreas del Gobierno para el mejoramiento de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y de capacitación laboral en escuelas de jóvenes, personas adultas y en centros de capacitación laboral.
También incluye la implementación de un programa de creación de espacios seguros, destinado a la limpieza y saneamiento de espacios públicos y/o privados, baldíos, iluminación en todos los municipios; e implementación de programas de vinculación y coordinación institucional con los municipios y comunas, con organismos estatales descentralizados y autárquicos, en relación a sus competencias propias y que influyen en el fortalecimiento de la seguridad pública.
Se propone la creación de un programa de asistencia a los centros educativos públicos para que cuenten con la presencia efectiva de por lo menos dos días a la semana de un gabinete psicopedagógico; y de un programa de asistencia y concientización para padres y responsables de personas menores de edad que hubieren tenido más de dos ingresos en sede policial como consecuencia de hechos tipificados en el código de faltas o código penal.
