En una nueva escalada de tensión con el Congreso, el Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad, que fue ratificada por el parlamento a pesar del veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que la normativa no será reglamentada hasta que se defina la fuente de financiamiento para su implementación, una decisión que podría postergar indefinidamente la aplicación de la ley.
La medida, impulsada por la oposición, superó en Diputados y en el Senado el umbral de dos tercios necesario para rechazar el veto presidencial, con un amplio apoyo que incluyó a fuerzas aliadas del oficialismo. Este respaldo masivo se da en el contexto de una crisis en el sistema de atención a la discapacidad y del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Discusión sobre el financiamiento
El Gobierno había considerado la vía judicial para evitar la aplicación de la ley, pero finalmente optó por la promulgación. En declaraciones a la prensa, Francos explicó que, si bien el Poder Ejecutivo la va a promulgar, se debe dictar un decreto reglamentario para su aplicación. El jefe de Gabinete cuestionó que el Congreso no haya establecido de dónde provendrán los recursos, argumentando que no puede ser el encargado de reacomodar las partidas presupuestarias. “Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, señaló Francos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que la ley podría aumentar el número de beneficiarios en hasta 946.000 personas, con un costo fiscal que podría ascender a más de
3.6 billones de pesos, equivalente a un 0.42% del PBI. La normativa también establece una compensación de emergencia a prestadores y una asignación para talleres de producción.
La ley, surgida de una masiva movilización de la sociedad civil, busca solucionar la crisis generada por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios. Uno de sus puntos centrales es la financiación de las
Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social.
- El beneficio sería de un 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen el tope establecido.
- Se transforman automáticamente las pensiones no contributivas ya otorgadas para evitar que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites.
- La normativa fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y establece la actualización automática y mensual de los aranceles, ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Adicionalmente, se crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores del sector.
- Finalmente, se refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que articula las políticas públicas en esta área.
El enfrentamiento político por esta ley se intensificó tras la difusión de audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue expulsado del Gobierno por un supuesto circuito de sobornos con droguerías. Aunque la ley se impulsó antes de estas revelaciones, el escándalo incrementó el apoyo parlamentario para revertir el veto presidencial