El Gobierno nacional se prepara para remitir en los próximos días la documentación requerida por la Justicia en la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. Según fuentes oficiales, el envío se realizará de manera escalonada a partir del lunes, una vez que cada organismo termine de consolidar la información solicitada por el juez Ariel Lijo, quien busca reconstruir el circuito completo del traslado y determinar su financiamiento.
El material incluye registros de cámaras de la PSA, planes de vuelo de la ANAC, reportes de movimientos y facturación, además de presentaciones de la UIF y oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia. En la Casa Rosada aseguran que la intención es cumplir con la totalidad de los requerimientos judiciales, en un expediente que apunta a esclarecer bajo qué condiciones se realizó el viaje del funcionario y su familia. En ese marco, el oficialismo mantiene una postura de cautela pública, aunque internamente sostiene que el funcionario tiene elementos suficientes para justificar el episodio.
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La causa transita una etapa preliminar centrada en la recolección de pruebas documentales y testimoniales. En ese contexto, el Gobierno no prevé una citación a indagatoria en el corto plazo. El expediente, sin embargo, ya registró avances: Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito. Los pedidos abarcan declaraciones patrimoniales, movimientos, bienes y registros vinculados al entorno familiar del funcionario.
En paralelo, surgieron testimonios que tensionan la versión oficial. Una empleada de la firma que gestionó los vuelos declaró que el periodista Grandio habría financiado los tramos bajo la figura de una “invitación”, y aportó material probatorio, incluyendo chats, audios y una carta documento. El episodio sumó un elemento adicional de ruido: el propio Grandio se comunicó con la testigo mientras declaraba ante la Justicia, hecho que quedó incorporado al expediente.
Estos movimientos generaron incomodidad en el Ejecutivo, donde evitan respaldos explícitos sobre el rol de terceros involucrados. La estrategia oficial se concentra en responder los requerimientos judiciales y aguardar la evaluación de Lijo. En Balcarce 50 admiten matices internos sobre el impacto político del caso, pero coinciden en sostener una línea de colaboración con el juzgado mientras avanza la investigación.