La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una fase decisiva con la indagatoria de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, citada para este miércoles.
Su declaración, o la decisión de guardar silencio, definirá el ritmo de un expediente que ya reúne audios, chats, fotos y registros de movimientos de dinero que comprometen a exfuncionarios, operadores y empresarios vinculados al negocio farmacéutico. El día previo, el empresario Miguel Ángel Calvete, uno de los principales señalados por la Justicia, se negó a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello, lo que aumentó la expectativa sobre la estrategia que adoptará Spagnuolo.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, ubica el inicio de las maniobras bajo la lupa entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya bajo la gestión de Javier Milei. El núcleo de las acusaciones se concentra en dos ejes: direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas.
Al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido favorecidas de manera sistemática, acumulando adjudicaciones por alrededor de 40.000 millones de pesos en el último año y medio, período que coincide con la gestión de Spagnuolo y de su segundo, Daniel Garbellini, al frente de la ANDIS.
El expediente también describe un esquema de injerencia externa en el sistema de contrataciones del organismo. Figuran personas sin cargo formal en la ANDIS que, sin embargo, tenían usuario y clave para operar sobre los expedientes. Entre ellas se destaca Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por intervenir de forma irregular en decisiones sensibles.
A la vez, se investiga el rol de dos lobistas, Calvete y Pablo Atchabahian, quienes, según conversaciones incorporadas a la causa, habrían dado instrucciones directas sobre qué proveedores privilegiar, a cuáles sancionar y qué montos liberar. Para la fiscalía, se trata de una organización que “digitaba” de punta a punta el circuito de las contrataciones públicas.
La indagatoria de Spagnuolo será clave para establecer si el exfuncionario mantiene la línea de desconocer las pruebas o decide confrontarlas. Si elige declarar, deberá responder por el entramado de contratos, el uso de claves del sistema, la intervención de operadores externos, el papel de las droguerías beneficiadas, sus vínculos con Calvete y las imágenes del dinero que obran en el expediente. Si opta por el silencio, esa decisión será leída como parte de una estrategia defensiva en un escenario judicial que, según fuentes de la causa, se vuelve cada vez más comprometedor para él.