La causa por los desbordes cloacales y la contaminación ambiental en Los Corralitos entró en una etapa decisiva. Este martes, el fiscal general adjunto Gustavo Pirrello deberá resolver si habilita el avance de imputaciones penales contra Humberto Mingorance y parte de la conducción de Aysam.

La definición es seguida con atención tanto en el ámbito judicial como político, ya que el expediente apunta directamente contra la cúpula de una de las principales empresas estatales de Mendoza. El planteo de los investigadores alcanza al presidente de Aguas Mendocinas, el vicepresidente, directores y gerentes por los vuelcos cloacales registrados en Guaymallén, particularmente en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo.

Además de Mingorance, el pedido también podría alcanzar a responsables técnicos y operativos vinculados al manejo del sistema cloacal. En un expediente convencional, las imputaciones probablemente ya se habrían formalizado. Sin embargo, la legislación del Ministerio Público Fiscal de Mendoza establece mecanismos de revisión y consulta interna cuando los investigados ocupan cargos públicos o tienen responsabilidad institucional, por lo que la definición requiere una validación superior antes de avanzar.

La causa por los desbordes cloacales y la contaminación ambiental en Los Corralitos entró en una etapa decisiva. Este martes, el fiscal general adjunto Gustavo Pirrello deberá resolver si habilita el avance de imputaciones penales contra Humberto Mingorance y parte de…

El colapso de una colectora clave

La investigación se originó a partir del colapso de la Colectora Máxima Noreste, el conducto que transporta líquidos cloacales de unas 600 mil personas del Gran Mendoza (Luján, Maipú, Guaymallén y parte de Godoy Cruz) y cuyo deterioro quedó bajo la lupa judicial.

Según el expediente, las fallas en el sistema derivaron en desbordes de aguas servidas, vuelcos clandestinos sobre canales de riego y descargas cloacales en la vía pública en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos.

Vecinos de la zona vienen denunciando desde hace tiempo olores nauseabundos, anegamientos y contaminación en sectores productivos y residenciales. El caso tomó mayor dimensión luego de distintos informes técnicos incorporados al expediente.

Uno de ellos, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, reveló la presencia de Escherichia Coli y altos niveles de contaminación en canales y perforaciones de agua analizadas en la zona afectada.

También se sumaron informes sanitarios oficiales que advirtieron sobre posibles riesgos epidemiológicos y sobre el contacto con agua contaminada en sectores agrícolas y poblacionales alcanzados por los vuelcos.

Multa récord y “gravedad excepcional”

La causa también sumó actuaciones del Departamento General de Irrigación, organismo que sancionó a Aysam con una multa de $120 millones tras constatar vuelcos de efluentes cloacales sin autorización sobre el canal Ramo 12, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos.

Irrigación calificó el episodio como de “gravedad excepcional”, aplicó el máximo nivel sancionatorio previsto por la legislación provincial y sostuvo que la conducta de Aysam fue “reiterada, dolosa y agravada”, términos poco habituales en resoluciones administrativas de este tipo.

Según el organismo, existieron “múltiples factores agravantes”, entre ellos daño ambiental, contaminación de cauces públicos, intervención sobre infraestructura hídrica y reiteración de maniobras ilegales.

Desde Aysam rechazaron la sanción administrativa, sostuvieron que las maniobras se realizaron en un contexto de emergencia operativa provocado por el colapso del sistema cloacal y anticiparon que recurrirán a la Justicia para intentar frenar la medida.

Qué dice la Fiscalía

En paralelo al expediente administrativo, los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi avanzaron con un dictamen en el que sostienen que existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades penales de la conducción de Aysam.

Los investigadores señalaron que “los efluentes cloacales son considerados residuos peligrosos dado que presentan características enumeradas en el Anexo II de la ley 24.051 como ser los descritos en el punto ‘H 6.2 Sustancias infecciosas’, a saber: ‘Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre’“.

Tanto Blanco como Capizzi entienden que “los ilícitos penales deberían ser atribuidos al presidente, vicepresidente, directores, gerente general y gerente de Operaciones del Gran Mendoza, quienes inicialmente podrían ser señalados con intervención funcional en los hechos y delitos determinados como responsables”.

La defensa política

Mientras la investigación avanza en el plano judicial, distintos funcionarios salieron en los últimos días a despegar a la actual conducción de Aysam de una responsabilidad exclusiva por el colapso sanitario.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, reconoció la gravedad de los vuelcos cloacales detectados en Los Corralitos y defendió la sanción aplicada por el organismo, aunque evitó responsabilizar únicamente a Humberto Mingorance.

Según sostuvo, el sistema sanitario arrastra décadas de falta de inversión y el crecimiento urbano del Gran Mendoza terminó desbordando una infraestructura cloacal que quedó obsoleta.

En una línea similar se expresó el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien aseguró que el departamento “es víctima” de una problemática estructural y planteó que la crisis sanitaria excede a la actual gestión de Aysam.

Para el jefe comunal, el problema responde a años de atraso en infraestructura y expansión urbana sin obras suficientes para acompañar la demanda del sistema cloacal.

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