En caso de que la reforma laboral obtenga la segunda media sanción en Diputados, el costo laboral argentino registrará una reducción parcial a partir de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Sin embargo, aun con los cambios, el país continuará entre los de mayor presión tributaria sobre el empleo formal.
La iniciativa oficial reconfigura aportes y contribuciones mediante el FAL, destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones legales de empleadores privados —con exclusión de trabajadores no registrados—, y el RIFL, orientado a promover nuevas relaciones laborales formales.
Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), antes de la reforma la carga fiscal laboral ascendía al 34,6% del costo laboral total, lo que ubicaba a la Argentina en el tercer lugar entre los países con mayor presión, detrás de Austria y Francia. El promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) era de 21,6%, mientras que Nueva Zelanda, Dinamarca y Colombia presentaban cargas prácticamente nulas.
Con la reforma, la carga se mantiene en 34,6% para grandes empresas, baja a 33,3% para pymes y a 27,8% para empleados bajo el RIFL, lo que desplaza a la Argentina al quinto, séptimo y decimosexto puesto respectivamente en el ranking comparado.
Cómo se constituye el FAL
El FAL deberá conformarse mediante cuentas específicas en entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, bajo reglamentación del Ministerio de Economía. Se financiará con contribuciones obligatorias mensuales, rendimientos de inversiones y aportes voluntarios. Para grandes empresas la contribución será del 1% del costo laboral y para pymes del 2,5%, con posibilidad de incrementos por parte del Poder Ejecutivo.
El RIFL establece una reducción de cargas patronales por 48 meses para empleadores que regularicen trabajadores no registrados o inactivos durante al menos seis meses. De acuerdo con el IARAF, las contribuciones patronales para los empleados alcanzados por el régimen bajan del 27% al 15%, reduciendo la carga laboral total del 44% al 32% del salario bruto.
En pymes el costo total desciende del 44% al 41,5% y en grandes empresas del 44% al 43%. La administración de los fondos estará a cargo de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actuará como agente de derivación sin responsabilidad sobre la disponibilidad de las cuentas.
El total del costo argentino
El informe también analiza la cuña fiscal —aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias menos transferencias— sobre el costo laboral total. Antes de la reforma, la Argentina ocupaba el puesto 25 entre 39 países, con 34,6%, por debajo del promedio de la OCDE. Tras los cambios, la cuña baja a 34,1% en grandes empresas, a 33,4% en pymes y a 27,8% bajo el RIFL, manteniendo el puesto 25 en el régimen general y descendiendo al puesto 32 en el régimen promocional.
En cuanto a la carga patronal sin aportes sindicales, el nivel previo era de 21,2%, décimo entre los países analizados. Con la reforma, desciende a 20,6% en grandes empresas y a 19,7% en pymes, ubicando al país en el puesto 11. Para empleados bajo el RIFL cae a 13%, equivalente al puesto 20. Pese a la mejora relativa, la brecha frente a países de baja presión —como Chile y Colombia— sigue siendo amplia.
La nueva legislación no modifica el régimen indemnizatorio vigente: los fondos cubrirán únicamente a trabajadores registrados con al menos doce meses de antigüedad. El IARAF concluye que, aunque la reforma mejora la posición relativa de la Argentina en los rankings internacionales, la presión tributaria sobre el empleo formal en 2024 continuará siendo elevada en términos comparativos.
Con información de Infobae y Clarín.